Durante muchos años, la imagen de Maxi Lont ambulando por las calles de Aruba se convirtió en un recordatorio palpable de la crueldad de la adicción y el desamparo social. Su historia, al igual que la de muchos otros ciudadanos en la misma situación, no es simplemente una tragedia personal, sino la prueba más evidente de un sistema institucional que ha perdido su rumbo y su brújula moral. Las fundaciones y el departamento de Asuntos Sociales que el pueblo de Aruba financia no están funcionando.
Aruba cuenta con una red de fundaciones que reciben subsidios y un Departamento de Asuntos Sociales con el mandato legal y moral de proteger y ayudar a los más vulnerables de nuestra comunidad. Sin embargo, mientras se invierten millones de florines año tras año en estructuras gubernamentales, la realidad en las calles habla un idioma completamente diferente: la asistencia directa para los más necesitados deja mucho que desear.
Una obligación, no un favor El punto de partida que a menudo se olvida en los grandes edificios gubernamentales es simple: los salarios de los directores, funcionarios y personal de estos departamentos son pagados directamente por el pueblo de Aruba a través de sus impuestos. La asistencia que un ciudadano en crisis debe recibir no es un favor personal de un funcionario, sino una obligación del Estado y del aparato gubernamental.
El pueblo paga por un servicio que, en los casos más críticos como el de Maxi Lont, simplemente no llega cuando más se necesita. La pregunta fundamental que esta sociedad debe hacerse es: ¿para qué existe un departamento o fundación si no cumple con el propósito para el cual fue creado?
Arrogancia y falta de empatía en la burocracia La gestión social no se realiza detrás de un escritorio en una oficina con aire acondicionado. Lamentablemente, la mentalidad en parte del aparato gubernamental se ha convertido en una de “wrong and strong” (persistir en el error con arrogancia), donde se pretende que la responsabilidad no es suya, o donde el ciudadano debe rogar para recibir una asistencia que legal e humanamente le corresponde.
La actitud de arrogancia de algunos funcionarios refleja un problema más profundo: una falta de vocación de servicio que corrompe el liderazgo y la gestión. Mientras se organizan conferencias de prensa, espectáculos y bellas presentaciones en papel, en la calle la realidad sigue siendo de pura crueldad. El pueblo de Aruba está cansado de palabras y espectáculos; exige hechos concretos.
Se debe realizar una limpieza profunda y estructural en el aparato gubernamental para recordar a todos los funcionarios públicos que están al servicio del pueblo, y no al contrario.
Maxi Lont es un ciudadano de Aruba Maxi Lont es un ser humano. Es un ciudadano de este país con los mismos derechos fundamentales que cualquier otra persona que vive en Aruba. Su condición de adicción no le quita su dignidad humana ni lo descalifica para recibir la protección del mismo sistema que este pueblo financia.
Tratar a los más vulnerables con indiferencia es la señal más clara de la decadencia de un sistema social. El caso de Maxi Lont debe servir como un llamado de atención urgente: cuando la estructura que debería salvar vidas se convierte en una pared de burocracia, es el momento de hacer cambios drásticos y reevaluar para quién trabajan realmente estos departamentos.
Aparte de esto, hay un ministro a la cabeza, pero la responsabilidad de cada departamento recae en un director que debe responder por el correcto funcionamiento del área y, si hay fallas, presentarlas al mandatario con soluciones. Sin embargo, ¿se está construyendo realmente ese puente para que el mandatario pueda actuar?