El parlamentario Eduard Pieters sigue cuestionando un contrato de aproximadamente 2.1 millones de florines al año y exige claridad sobre el uso de fondos públicos de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA).
La facción del Partido Patriótico de Aruba (PPA) aumenta la presión sobre el Gobierno para que entregue documentación que, según el líder de facción Eduard Pieters, debe demostrar que se siguió la ley en la adjudicación del contrato para la gestión de residuos financiado a través de la ATA.
Durante su rueda de prensa, Pieters indicó que el asunto ya no trata solo sobre la gestión de residuos. Para el PPA, la pregunta central es si el Gobierno está respetando el marco legal que regula el uso de fondos públicos. “Estamos hablando de aproximadamente 2.1 millones de florines al año que van a una sola empresa privada. Si hubo una licitación pública, muéstrennos la prueba”. Según Pieters, durante la reunión parlamentaria dedicada al asunto, el PPA no encontró evidencia que compruebe que se realizó un procedimiento de licitación pública. Por eso, la facción formalizó sus exigencias en una carta al Consejo de Ministros.
El PPA exige ver la prueba de la licitación pública (Artículo 21), el acceso a la Ministeriële Beschikking (disposición ministerial) que instruyó a la ATA (Artículo 20) y cuestiona por qué no se brindó la oportunidad a la empresa local Serlimar. Pieters concluyó: “No podemos normalizar acciones de gobernantes que van contra la ley. Ese es el punto donde la confianza del pueblo en la política comienza a romperse”.