Un tema crucial como la LNT exige seriedad, transparencia y un riguroso control parlamentario. Esta es la posición que el Ministro Geoffrey Wever publicó recientemente, y resulta difícil no estar de acuerdo con cada palabra.
Sin embargo, este principio plantea la pregunta inevitable: ¿estas normas aplican para todas las decisiones del Gobierno, o solo se utilizan cuando benefician sus intereses políticos? ¿Por qué se otorgó una excepción a la LNT para la Aruba Airport Authority (AAA) sin un debate en el Parlamento, pero ahora sí se pide una reacción para modificar la ley? ¿Y por qué esa misma seriedad no fue aplicada con la HOFA?
La excepción sin control previo para la Aruba Airport Authority En noviembre de 2025, el Gobierno optó por otorgar una excepción notable a la Aruba Airport Authority (AAA). Mediante un Decreto Gubernamental (Landsbesluit), se autorizó un sueldo anual de Afl. 1,089,396 para un CEO propuesto por Schiphol International BV, una cifra que representa casi el triple del máximo de Afl. 369,000 estipulado bajo la LNT.
Nadie cuestiona que un director competente merezca un buen salario, ni que la cooperación internacional sea de gran valor para la administración de nuestro aeropuerto. Sin embargo, una decisión de esta magnitud, que involucra fondos públicos y el interés general, exigía una deliberación previa en la mesa del Parlamento, y no después del hecho consumado.
¿Por qué el Gobierno optó por no pedir la opinión o el sentir del Parlamento antes de otorgar esta excepción?
El peligro de alterar la LNT sin una base sólida Ahora, después de que el Gobierno abrió la puerta a las excepciones, viene a pedir la postura del Parlamento sobre cuatro modificaciones a la LNT. Estos cambios no son simplemente técnicos; tienen el potencial de excluir entidades estatales del alcance de la ley y sustituir el máximo actual por un nuevo sistema que aún no existe.
El propio asesoramiento jurídico del Gobierno confirma que la LNT nació en circunstancias extraordinarias y bajo una pesada presión de los Países Bajos, en un período en que nuestro país dependía del apoyo financiero de liquidez (liquiditeitssteun). El mismo asesoramiento admite que existen retos serios, que los casos judiciales contra el País Aruba no marchan favorablemente y que la LNT está más que lista para una evaluación y revisión profundas. Pero el asesoramiento va un paso más allá: aconseja instalar una comisión de expertos para evaluar la efectividad y las consecuencias prácticas de la LNT. Asimismo, subraya que cualquier nuevo salario máximo debe estar fundamentado en un estudio comparativo serio con entidades de nuestra región.
La pregunta central es: si los propios expertos del Gobierno recomiendan una evaluación independiente previa, ¿por qué el Gobierno quiere cambiar el sistema antes de que ese trabajo esté concluido?
No se puede eliminar la ley ahora y decir que las reglas de gobierno corporativo (corporate governance) vendrán después. En ese vacío, ¿quién determina los salarios? ¿Quién los controla? ¿Y cómo puede el ciudadano verificar cómo se gasta su dinero?
El doble rasero: Una regla para la LNT y otra para la HOFA Aquí es donde el doble rasero del Gobierno queda en evidencia. Por un lado, el Ministro habla elocuentemente de seriedad, transparencia y control parlamentario para la LNT. Por otro lado, en las negociaciones de la HOFA —una Ley del Reino (Rijkswet) que puede afectar nuestra autonomía, nuestro presupuesto y el futuro financiero de nuestro país—, los acuerdos del IPKO para involucrar al Parlamento antes, durante y después fueron completamente ignorados.
El Gobierno no puede aplicar reglas de transparencia de forma selectiva. No se puede jugar a dos bandas: pidiendo el procedimiento correcto para la LNT, pero ocultando información sobre la HOFA.
Hasta el día de hoy, el Parlamento no ha tenido un espacio serio para analizar y fijar nuestra postura antes de que el Gobierno continuara con el proceso de la HOFA.
La transparencia no es un eslogan; es una obligación. El control parlamentario no es un favor que concede el Gobierno; es la esencia de nuestra democracia. Parece que al Ministro Geoffrey Wever le cuesta comprender esta parte.