Durante el último tiempo ha habido mucha discusión en nuestra comunidad sobre la protección de la naturaleza, el Plan de Desarrollo Espacial con Prescripciones (ROPV) y el futuro del uso de UTVs y ATVs en Aruba. Esta discusión es fundamental, porque nuestra naturaleza es un patrimonio colectivo que tenemos el deber de proteger. Sin embargo, la situación actual plantea una pregunta crucial: ¿Aruba está aplicando una política estructural y coherente para conservar su naturaleza, o simplemente estamos viendo un manejo selectivo, basado en preferencias y conveniencia política?
Importancia del ROPV Mientras las reglas vigentes permanezcan en vigor, el Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar su cumplimiento. No puede ser que se aplique el ROPV estrictamente en algunos casos, mientras que en otros casos y áreas hay violaciones evidentes que quedan sin consecuencia. La realidad es que hasta ahora seguimos viendo la continuidad de vertederos ilegales en áreas que el ROPV protege específicamente, donde no se permiten ciertas actividades que pueden afectar el valor del área, pero aun así siguen sucediendo con el conocimiento de las autoridades. En otros lugares observamos excavaciones y extracciones sin control que están causando un daño irrecuperable a nuestro suelo y paisaje. Los ministros encargados están al tanto de estas situaciones, pero la fiscalización sigue siendo insuficiente y, en muchos casos, prácticamente ausente. Si la naturaleza realmente es una prioridad, esto no puede depender de qué grupo, actividad o parte de Aruba estemos hablando. Es deber de los ministros encargados actuar de verdad y garantizar el cumplimiento de la ley.
Gran Contraste Existe un contraste remarcable entre la medida drástica tomada en la costa norte de Aruba, donde durante años el uso de UTVs y ATVs formó parte integral de nuestra actividad turística y recreativa, pero de un día para otro se limitó su acceso cerrando el área de golpe en nombre de la protección ambiental. Mientras tanto, en otras áreas, actividades que causan daño directo al suelo, paisaje y medio ambiente siguen sucediendo sin que el Gobierno intervenga con la misma firmeza. Esto envía un mensaje equivocado al pueblo: que el cumplimiento de la ley no es uniforme, sino que se aplica por conveniencia o de acuerdo a quién esté involucrado. La protección de la naturaleza no debe convertirse en un conflicto entre medio ambiente, comunidad y economía. El reto es crear un balance. Las actividades económicas pueden y deben ser permitidas, pero bajo condiciones estrictas: con rutas claramente definidas, supervisión continua y sanciones firmes contra los abusos. Sin embargo, este mismo principio debe aplicar para todos los sectores y para todos los lugares.
Conclusión: Menos palabras, más acción Aruba no puede tener una política ambiental creíble si la ley se aplica solamente cuando es conveniente y contra aquellos a quienes es fácil detener. Si se pide sacrificio a los operadores turísticos en nombre de la naturaleza, el Gobierno también debe demostrar la misma firmeza contra los vertederos ilegales, excavaciones sin permiso y la contaminación que está ocurriendo con el conocimiento de las propias autoridades. Una ley que se aplica selectivamente no es protección de la naturaleza. Es una herramienta política.