Durante una reunión parlamentaria sobre las modificaciones a la Ley de Normativa de Ingresos Máximos (Landsverordening Normering Topinkomens – LNT), el parlamentario Dangui Oduber cuestionó fuertemente al Ministro Geoffrey Wever y al Gobierno sobre el manejo de las excepciones bajo esta norma. El parlamentario hizo énfasis en la gran diferencia entre el trato preferencial que recibió el CEO de la Aruba Airport Authority (AAA) y el trato que ahora se pone sobre la mesa para los profesionales locales.
Doble rasero del Gobierno en el trato entre profesionales locales y del exterior Según Oduber, el mandatario se presentó ayer en la sala del Parlamento para pedir la opinión (gevoelens) sobre cambios en la LNT dirigidos a profesionales locales, cuestionando dónde estaba esa misma urgencia y atención cuando el Gobierno tomó la decisión en torno al CEO de Schiphol en la Aruba Airport Authority (AAA) en noviembre de 2025. Remarcó que en aquel caso no se solicitó la aprobación ni la opinión previa del Parlamento, sino que se otorgó un salario de 1.2 millones de florines, mientras que lamentablemente se excluyó a cualquier otro profesional local en la AAA de poder ser considerado para una excepción similar.
Además, el parlamentario subrayó que el Parlamento se enteró del Decreto Gubernamental (Landsbesluit) de noviembre de 2025 únicamente a través de una publicación oficial, cuestionando por qué un asunto de tal importancia no fue presentado previamente ante la cámara. Declaró: “Para un profesional del exterior el Gobierno pudo actuar y desviarse de la ley LNT, pero ahora que se trata de profesionales locales, el Ministro quiere saber primero qué piensa el Parlamento. Es evidente cómo trata el Gobierno a su propia gente.”
Las acciones hablan más que las palabras Según Oduber, el Gobierno debe explicar claramente qué criterios se utilizan para determinar quién recibe una excepción bajo la LNT y quién no, cuestionando por qué la propuesta presentada al Parlamento no otorga a la ATA ni a IMSAN la flexibilidad que exigen sus posiciones especializadas: “¿Quién decide quién sí y quién no? ¿Cuáles son los criterios? ¿Por qué la ATA no? ¿Por qué IMSAN no? Estas decisiones no pueden basarse en un criterio arbitrario. Debe haber criterios objetivos, transparentes y defendibles.”
Para el parlamentario, especialmente estas dos instituciones merecen un análisis profundo, ya que la ATA debe operar en un mercado turístico internacional competitivo, mientras que IMSAN debe ser capaz de atraer y retener profesionales médicos especializados. Oduber subrayó: “Podemos establecer normas y controles, pero no podemos crear un sistema que eventualmente limite a nuestras propias instituciones para competir por el talento. El Ministro debe demostrar que la decisión de no incluir a la ATA e IMSAN no perjudicará su capacidad de funcionamiento.”
Otras grandes decisiones también requieren transparencia Oduber comparó esta situación con su crítica anterior sobre el proceso de la Ley del Reino HOFA (Rijkswet HOFA): “El Ministro dijo ayer que debe venir al Parlamento primero para escuchar las opiniones sobre el tema de la LNT. Pero el mismo principio de participación parlamentaria debe aplicarse cuando se trata de otras decisiones importantes que tienen un peso directo en la autonomía y el futuro financiero de Aruba.”
Según el parlamentario, el Gobierno no puede aplicar la participación parlamentaria solo cuando le conviene. Las reglas de la democracia deben ser consistentes; el rol y la participación del Parlamento no pueden ser valorados y consultados en un caso sí, y en otro no.
“La transparencia no es algo que se aplica dependiendo de quién esté frente a ti. Si queremos un sistema creíble, las mismas reglas, la misma transparencia y la misma responsabilidad deben aplicar para todos”, concluyó Oduber.
Ser arubiano no puede jugar en tu contra en tu propia casa El contraste es evidente: el Gobierno facilita excepciones en la ley para que un CEO del exterior en la AAA gane 1.2 millones de florines sin pedir la opinión del Parlamento, mientras que para nuestros propios profesionales locales se niega a realizar los cambios necesarios. Una política así es una muestra clara de un Gobierno que maltrata, falta al respeto y discrimina a su propia gente.