Durante los últimos días ha habido un considerable debate público sobre la liberación anticipada, el monitoreo electrónico y un caso particular que ha recibido una atención pública significativa. Dicha discusión ha planteado preguntas genuinas sobre cómo funciona realmente la liberación de la prisión en San Martín. Desafortunadamente, también ha estado acompañada de conceptos erróneos y, en algunos casos, de declaraciones que simplemente no reflejan la ley.
Gran parte de la atención se ha centrado en si un individuo en particular debe ser puesto en libertad. La cuestión jurídica, sin embargo, es si la ley hace que dicho individuo sea elegible para la liberación. Si la ley no lo hace, entonces ni la opinión pública ni la Ministra tienen la autoridad para cambiar eso.
La ley establece un orden que se aplica por igual a todos los reclusos. Liberar a un individuo antes de que la ley lo permita, o antes de otros que tengan derecho a ser considerados bajo ese orden legal, no sería un trato igualitario. Reemplazaría un proceso legal objetivo por una decisión subjetiva basada en un solo caso individual. Eso es precisamente lo que la ley fue diseñada para evitar.
Responder a esa pregunta requiere comprender el marco legal que se aplica por igual a todas las personas que cumplen una pena de prisión en este país. El punto de partida es simple: la Ministra de Justicia no puede simplemente decidir quién sale de prisión y cuándo.
Una pena de prisión es impuesta por un juez. Mi trabajo es velar por que se cumpla —de la misma manera, en el mismo orden, para todas las personas que cumplen una pena en este país. No puedo acortar una condena. No puedo conceder días libres porque alguien lo haya pedido bien, porque un caso haya atraído mayor atención pública que otro, o porque un conjunto de circunstancias parezca más convincente. Esas formas de discrecionalidad ministerial ya no existen. Fueron abolidas deliberadamente cuando entró en vigor el Código Penal actual porque no estaban escritas, eran incoherentes y propensas a sospechas.
Lo que queda es una sola facultad limitada, que se ejerce únicamente cuando la prisión enfrenta una escasez aguda de capacidad y solo en el orden que la propia ley fija. Hay una razón por la cual la ley está estructurada de esta manera. En el momento en que la liberación depende de juicios sobre quién lo merece más, depende de la opinión de alguien en lugar de la ley. Entonces, todos los que se quedan atrás tienen derecho a preguntar de quién es la opinión y por qué. La ley está estructurada deliberadamente para evitar eso.
Para la mayoría de los reclusos, la situación es sencilla. La libertad condicional es posible después de haber cumplido dos terceras partes de una condena. Ese es el momento más temprano en el que se puede considerar la liberación; no es una garantía de que esta se produzca. Sigue siendo condicional y está sujeta a los requisitos establecidos por la ley.
Cuando la prisión enfrenta una escasez aguda de capacidad, la ley proporciona un mecanismo para aliviar el hacinamiento. Dicha medida no existe para un recluso en particular, ni es algo que un individuo pueda solicitar. Es una medida general destinada a abordar un problema de capacidad que afecta a la prisión en su conjunto.
Aun así, el orden de liberación no está determinado por la gravedad de un delito, por quién tiene menos tiempo restante de condena o por quién recibe la mayor atención pública. Se determina mediante un estándar objetivo: qué proporción de la propia condena de cada persona se ha completado en relación con dicha condena.
Esto a menudo sorprende a la gente porque no es la forma en que comparamos naturalmente los casos. Sin embargo, es precisamente lo que hace que el sistema sea justo. Una persona que cumple cuatro años y una persona que cumple doce años no pueden compararse sensatamente por el número de años restantes. Pueden compararse por la proporción de la condena que cada una ha completado. Ese es el único estándar capaz de aplicarse por igual a todos los reclusos sin requerir juicios subjetivos sobre quién merece la liberación primero.
También se han planteado preguntas sobre el monitoreo electrónico. El monitoreo electrónico no es una alternativa al encarcelamiento, ni es una vía separada para la liberación. Es una medida de supervisión que puede adjuntarse a una condición especial de una libertad condicional legal. No puede reemplazar una pena de prisión ni crear elegibilidad donde la ley no lo hace.
Esta es también la razón por la cual las comparaciones entre casos individuales pueden ser engañosas. Las diferentes duraciones de las condenas, los diferentes períodos de detención preventiva y las diferentes circunstancias legales afectan el lugar en que un individuo se encuentra bajo la ley. Observar un solo porcentaje, una sola fecha de liberación o un solo individuo de forma aislada rara vez cuenta la historia completa.
Finalmente, estas decisiones no están exentas de revisión. Cuando alguien cree que la ley se ha aplicado incorrectamente, los tribunales proporcionan la vía adecuada para impugnar dicha decisión. Dicha garantía existe porque las decisiones que afectan a la libertad deben ser sometidas a prueba, en última instancia, ante un juez independiente.
Sé que el encarcelamiento es difícil para las familias, y que querer a alguien en casa antes es completamente humano. No descarto eso. Pero la ley me pide que aplique las mismas reglas a todas las personas que cumplen una pena en San Martín, en el mismo orden, sin importar el nombre que figure en el expediente.
La confianza pública en nuestro sistema de justicia no puede depender de que cada decisión sea popular. Debe depender de la seguridad de que la misma ley se aplica de manera igualitaria, coherente y sin favoritismos. Esa es la responsabilidad que se me ha confiado, y es una que continuaré defendiendo.
Ministra de Justicia Nathalie M. Tackling