En los últimos meses se han llevado a cabo diversas audiencias de Transacción del Ministerio Público (TOM, por sus siglas en neerlandés), en las que se han impuesto multas y transacciones de hasta fl. 15.000 (florines) debido a tráfico de personas y empleo ilegal.
Las transacciones fueron impuestas tanto a empresas como a personas particulares. Las sospechas estaban relacionadas con el tráfico de personas, en el sentido de ayudar a personas a ingresar de manera irregular a Aruba y ofrecer alojamiento a personas que permanecían ilegalmente en la isla. Asimismo, los sospechosos fueron multados por empleo ilegal, es decir, por permitir que realicen trabajos personas que no residen legalmente en Aruba.
Estos hechos están tipificados como delitos en los artículos 2:154 y 2:155 del Código Penal de Aruba.
El Ministerio Público persigue penalmente a quienes cometen estos actos porque su proceder socava la política gubernamental contra la permanencia irregular y el empleo ilegal. Esto contribuye a mantener un circuito ilegal que genera múltiples efectos socialmente indeseables y perjudiciales. De esto no solo se ven perjudicadas las personas extranjeras, sino también la propia comunidad arubana.
Es de suma importancia que los ciudadanos, y en particular los empleadores y arrendadores de inmuebles, se informen bien antes de ayudar a alguien a venir a Aruba, alquilarles una vivienda o contratarlos. Pues aunque algunos incidentes pueden ser elegibles para resolverse mediante una audiencia TOM, un sospechoso también puede ser citado a comparecer directamente ante un juez.