La falta de claridad regulatoria y la decisión de extender el Plan de Ordenamiento Territorial (ROPV) hasta el año 2029 sin la debida consulta técnica está creando un punto muerto preocupante para las inversiones en la capital y para el equilibrio del mercado de vivienda y turismo en Aruba. Esta preocupación fue expresada por Milton Ponson, representante de la Fundación Rainbow Warriors.
Según Ponson, hace un año un grupo de inversionistas presentó planes concretos al gobierno para inyectar un capital sustancial en la revitalización de Oranjestad, con el objetivo de hacer del centro de la ciudad un lugar atractivo para vivir, trabajar y recrearse. Aunque en un principio existía alineación entre el sector privado y el gobierno, estas inversiones han quedado estancadas. La falta de una definición precisa de lo que está permitido y no permitido en la zona urbana ha frenado proyectos que ya contaban con financiamiento y aprobación bancaria, obligando a los inversionistas a reconsiderar sus planes y mantener su capital en espera de acciones gubernamentales. Ni siquiera la presentación de un informe de un especialista (fact-finder) procedente de los Países Bajos y las reuniones posteriores con distintos ministros y asesores legales trajeron la claridad requerida, dejando más preguntas que respuestas.
Presión sobre el mercado de vivienda y falta de regulación
Al mismo tiempo, la situación del ordenamiento territorial y el crecimiento sin control en el sector turístico están afectando la calidad de vida de la población local. Con la necesidad de importar miles de trabajadores adicionales, el mercado de vivienda enfrenta una escasez crítica que ha provocado un aumento alarmante en los precios de alquiler. Para un trabajador del sector hospitalario, el costo de alquilar una habitación o estudio pequeño ronda entre los 1.300 y 1.400 florines al mes, lo que absorbe la mayor parte de su salario.
Ponson señaló que la decisión de extender el ROPV hasta 2029 sin una revisión exhaustiva beneficia primordialmente a quienes se dedican a la conversión de viviendas para “Airbnb”, un fenómeno que hasta el día de hoy no está debidamente regulado. Mientras proyectos de gran envergadura como la expansión hotelera y la reintroducción de Port City Aruba están en discusión, la acumulación de más de 10.000 unidades de Airbnb empeora la presión sobre la infraestructura y la naturaleza de la isla.
Consecuencias para la naturaleza y falta de consulta
La falta de una visión equilibrada entre el tipo de turismo que el país necesita y la protección ambiental ha llevado a situaciones extremas, como las disputas legales sobre el uso de UTVs y ATVs en la Costa Norte. El Gobierno se vio obligado a cerrar esta área temporalmente debido a acciones legales de organizaciones ambientales que exigen que este cierre sea permanente, bajo la amenaza de una multa coercitiva (dwangsom) sustancial de entre 750.000 y 1 millón de florines por día.
Ponson enfatizó que estas decisiones son el resultado de una gestión que no se sienta a la mesa con sus propios expertos internos ni con los actores clave (stakeholders) para evaluar la realidad actual. La prolongación del ROPV mediante un Decreto Gobernatorio (Landsbesluit), sin pasar por el Parlamento y sin la consulta técnica necesaria, se basa en cifras y datos de hace más de 17 años. Los terrenos que en aquel momento estaban disponibles para vivienda o turismo ya han sido utilizados, haciendo imperativa una reevaluación realista y actualizada de los terrenos restantes para garantizar un desarrollo sostenible para el pueblo de Aruba.