Durante la primera ronda de la reunión pública sobre la situación en el Korrectie Instituut Aruba (KIA), la parlamentaria Xiomara Maduro centró su discurso en el costo financiero de la crisis y la responsabilidad del Gobierno en la gestión de la seguridad. Según Maduro, el debate no fue solo sobre una prisión, sino sobre cómo el Gobierno protege tanto la seguridad como el dinero del pueblo. “La seguridad no es gratis, pero la inseguridad cuesta mucho más”, declaró Maduro.
La parlamentaria Maduro señaló que, según un comunicado oficial del Dienst Gevangeniswezen Aruba (DGWA), los portones de control y los escáneres de equipaje en el KIA fueron retirados sin que existiera un sistema operativo para reemplazarlos. Según Maduro, esto no solo crea riesgos de seguridad, sino que también puede resultar en gastos adicionales para el pueblo. Por ello, solicitó que el Gobierno dé claridad sobre varios puntos importantes, como quién tomó la decisión de retirar los equipos, si se realizó una evaluación de riesgos, si hubo un plan de contingencia y si existía un presupuesto para reemplazar el sistema de seguridad.
Otro punto de preocupación fue la posibilidad de que la situación actual sea declarada una emergencia para realizar compras urgentes. Maduro afirmó que una emergencia nunca debe ser motivo para dejar de lado las normas de transparencia. Maduro también preguntó si existe la intención de cerrar un “contrato de emergencia” o realizar una “compra urgente” y, de ser así, cuánto costaría esto y cómo se garantizaría que el pueblo obtenga el mejor precio.
En la parte final de su discurso, Maduro retomó los trabajos realizados por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Recordó que la Fase 0 del proyecto para una nueva prisión ya se completó con financiamiento de los Países Bajos y que el informe incluye una hoja de ruta, un plan de implementación y un cálculo de inversión de aproximadamente 119 millones de dólares. Según el informe, una prisión moderna también podría reducir los costos operativos en alrededor de un 18% anual.
Maduro expresó su preocupación de que, a pesar de las reuniones que el Ministro mantuvo en los Países Bajos con el Ministerio de Asuntos del Reino (BZK) y con UNOPS, el Parlamento aún no ha recibido los documentos prometidos. Según Maduro, el pueblo tiene derecho a saber qué ha cambiado concretamente después de esas reuniones y cuánto le cuesta al pueblo de Aruba cada mes la demora en la toma de decisiones.
La parlamentaria Maduro concluyó que el pueblo de Aruba está pagando dos veces: por una crisis que, según ella, podría haberse evitado, y por una solución que no avanza. Maduro enfatizó que la falta de decisión siempre conlleva gastos adicionales que finalmente paga el pueblo de Aruba. “El pueblo no pide milagros. El pueblo pide responsabilidad, planificación y transparencia. Al final, la cuenta siempre llega al pueblo”, concluyó, insistiendo en que el Gobierno debe dar respuestas claras sobre quién asumirá la responsabilidad por el costo de la crisis actual y por la demora en el plan de acción de UNOPS.