Según la Dirección de Trabajo e Investigación (DAO), aproximadamente 20.526 trabajadores del sector privado (43%) ganan menos del mínimo de subsistencia (Afl. 2.683). Sin embargo, las cifras no ofrecen un panorama completo porque excluyen las propinas. En 2019, AHATA confirmó que muchos trabajadores de la hotelería y la gastronomía reciben ingresos significativos por concepto de propinas. Un trabajador con un salario de Afl. 2.000 al mes e ingresos de Afl. 1.000 en propinas percibe Afl. 3.000 netos, superando el mínimo de subsistencia. Las cifras de la DAO indican que alrededor del 30% de quienes ganan menos de Afl. 2.500 al mes trabajan en alimentos y bebidas o alojamiento y hotelería. Si se incluye a quienes trabajan en estos sectores a través de agencias de empleo temporal, se habla de entre 5.500 y 6.000 trabajadores (28%) cuyos ingresos podrían figurar por debajo del mínimo de subsistencia cuando la realidad es diferente.
¿Cuánto costará el aumento?
El salario mínimo actual es de Afl. 2.007,05 al mes; para alcanzar el mínimo de subsistencia (Afl. 2.683), tendría que aumentar Afl. 675,95 adicionales. Para el empleador, el costo adicional sería de aproximadamente Afl. 844,94, incluyendo un 25% destinado a AOV/AWW/AZV/ZV/OV. Un empleado que gana exactamente el salario mínimo cobraría Afl. 8.111,40 más al año, mientras que un empleador pagaría alrededor de Afl. 10.139,- más al año por cada trabajador en esa condición. Por supuesto, no todos los 20.526 trabajadores ganan estrictamente el salario mínimo, pero si estimamos un incremento promedio de Afl. 400,- al mes, el gasto adicional para el sector privado sería de Afl. 98,5 millones en salarios y Afl. 123,2 millones incluyendo los costos adicionales patronales. ¿Existe espacio en el presupuesto 2027 para proveer una compensación adecuada?
Una propuesta de un miembro del parlamento para aumentar el salario mínimo en Afl. 1,33 por hora en tres fases anuales resultaría en un gasto anual acumulativo de aproximadamente Afl. 71 millones en 2027, Afl. 142 millones en 2028 y Afl. 213 millones en 2029, suponiendo que los 20.526 trabajadores reciban el incremento completo.
¿Cómo piensa el gobierno compensar a las empresas? ¿La compensación será temporal o permanente? ¿De dónde saldrá el dinero? Reducir el impuesto sobre ganancias (winstbelasting) no es suficiente. Existe una propuesta para reducirlo, pero esto beneficia únicamente a los negocios que generan ganancias. Una empresa sin ganancias (como muchas startups) o con un margen muy reducido obtendrá poco alivio, mientras que sus costos salariales aumentarán drásticamente.
Consideremos una compañía con una ganancia de Afl. 1 millón y 30 empleados que reciben Afl. 230 adicionales al mes. Reducir el winstbelasting entre un 1% y un 1,5% ahorraría entre Afl. 10.000 y 15.000 al año, mientras que el aumento salarial costaría alrededor de Afl. 103.000. Más del 85% del costo adicional quedará sin compensación y probablemente se traslade al consumidor.
Cuando Bonaire aumentó el salario mínimo en $514 entre 2023 y 2024 (un incremento del 41,6%), el gobierno redujo las contribuciones de seguridad social de los empleadores del 13,4% al 10,3% (una reducción del 23,1%). Una reducción general como la de Bonaire beneficia a todas las empresas, no solo a aquellas con aumentos salariales directos. Mirando el crecimiento en la cantidad de pensionados, ¿pueden el SVb y el AZV soportar una reducción sustancial de sus ingresos?
Finanzas públicas bajo presión
La duda sobre cómo compensar a las empresas por un aumento estructural en sus costos salariales surge en un momento de inestabilidad geopolítica, tasas de interés al alza y una serie de compromisos fiscales estructurales del gobierno AVP-Futuro. El subsidio de reparación (reparatietoeslag) para pensionados, el incremento en la asistencia social, la ampliación de beneficios para personas con discapacidad y los reajustes salariales en educación, entre otros, ya han generado un impacto fiscal anual de unos Afl. 147 millones en 2026, el cual crecerá hasta Afl. 180 millones en 2030 (incluyendo pérdidas de ingresos).
Ahora el gobierno debe incluir una compensación permanente para las empresas, elevando el incremento fiscal estructural a más de Afl. 200 millones en tan solo dos años de gestión. El gobierno debe presentar un plan financiero con pruebas de estrés (stress tests) para que el pueblo no vuelva a sufrir una avalancha de medidas durante épocas de menor prosperidad.
¿Dónde quedó la reforma del propio gobierno?
Para 2026, se estima que el gobierno recibirá alrededor de Afl. 1.945 millones en ingresos, ¿y aún así no es suficiente? El concepto de Turismo 3.0 propone un aumento del 125% sobre el gasto de entrada, introduciendo una tarifa de resiliencia de $25 por encima de la tarifa de sostenibilidad de $20. Sin embargo, la solución a los problemas de aguas residuales y vertederos (dump) en Aruba sigue igual de lejana que antes. Se pretende aumentar también el impuesto de hospedaje (room tax), el impuesto a pasajeros de cruceros, etc., pero en cuanto a reformar el gobierno para que cumpla con sus deberes mínimos, ¡absolutamente nada! El estado de nuestras carreteras, la infraestructura escolar y la salud pública, aun cuando el gobierno maneja casi Afl. 2.000 millones en ingresos, es indicativo de una deficiencia estructural interna que ningún político parece querer atender.
¿Dónde está el plan para reducir el gasto gubernamental, simplificar el aparato administrativo y mejorar la eficiencia? ¿Por qué no se considera reducir el BBO, eliminar el BBO en la frontera o revisar los derechos de importación (invoerrechten) para mejorar el poder adquisitivo? No se pueden financiar todas las reducciones de impuestos, pero tampoco se puede aceptar que más gastos e impuestos sean la única solución. Con casi dos mil millones de florines en ingresos anuales, el gobierno debe demostrar que puede administrar los recursos de manera efectiva antes de exigir más.
Momento de poner el freno de mano
Nadie cuestiona que los trabajadores merecen un mejor salario, ni que Aruba deba invertir en escuelas modernas e infraestructura decente, pero todo esto debe financiarse de manera sostenible. El aumento del salario mínimo, la compensación a las empresas, el alza de beneficios sociales y los nuevos impuestos a los visitantes no son decisiones aisladas, sino parte de una misma realidad y política fiscal. El problema no es simplemente cuánto dinero recibe el gobierno, sino cómo lo administra. Es momento de poner el freno de mano y reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando, antes de que las obligaciones de hoy comprometan el futuro del mañana.