El debate en torno a la gestión financiera y la presión para introducir supervisión externa vuelve a poner sobre la mesa la pregunta fundamental acerca del futuro de nuestra autonomía. El argumento de que otro país deba entrar y ejercer un control directo sobre Aruba ignora no solo la realidad constitucional de nuestro país, sino también los retos administrativos que las mismas naciones supervisoras enfrentan en su propia casa. Para que un país entregue las riendas de su destino en manos de autoridad extranjera va contra todo principio de un sistema democrático funcional.
Cuando miramos la realidad de los países que pretenden dar consejo o imponer supervisión, queda claro que ningún país es inmune a las crisis internas o a los problemas gubernamentales. Invertir recursos y poner a gente extranjera a ejercer control aquí en Aruba no resuelve la raíz de ningún reto financiero; al contrario, debilita la capa de responsabilidad local que debe cargar el peso de la gobernanza. El buen gobierno exige que el poder de decisión y el control permanezcan en casa, anclados en los órganos democráticos que estuvieron y siguen siendo responsables ante el pueblo de Aruba.
En una democracia, la solución nunca puede ser dejar que otro país controle nuestro destino administrativo o financiero. Cuando cedes el control en manos de otra persona, pones el ordenamiento de tu propio destino en manos de otros que no tienen el mismo compromiso o conexión con la realidad diaria de nuestra comunidad. La responsabilidad de poner nuestras finanzas en orden recae en nuestras propias instituciones y en nuestros propios hijos de la tierra. El fortalecimiento de nuestro país exige instituciones locales fuertes, independientes y capaces de cargar con la responsabilidad completa sin perder nuestra soberanía.