Tras el Tripartito en Curazao, el PPA vuelve a poner la HOFA bajo la lupa: “El Gobierno por sí solo no puede declarar que Aruba ha dado su consenso; el Parlamento también debe tener voz y voto.”
En el reciente Tripartito en Curazao, donde los Parlamentos de Aruba, Curazao y San Martín deliberaron sobre varios temas constitucionales que afectan su posición dentro del Reino, una palabra volvió a estar en el centro del debate: consenso.
Pero para el parlamentario Eduard Pieters (PPA), precisamente ahí es donde Aruba debe hacerse una pregunta incómoda: ¿Consenso de quién? Porque cuando se trata de la Ley del Reino para Finanzas Públicas Sostenibles de Aruba (Rijkswet Houdbare Overheidsfinanciën Aruba – HOFA), el PPA cuestiona si solo el Gobierno puede comprometer a Aruba en una materia autónoma y luego presentar el resultado como un “consenso”, mientras que el Parlamento entra en escena cuando el proceso ya está muy avanzado. Para Pieters, la HOFA no es solo un debate financiero, sino un debate sobre el poder, la autonomía y quién tiene la autoridad para comprometer a Aruba.
Artículo 38: el acuerdo debe ser realmente mutuo
La HOFA se basa en el artículo 38, apartado 2, del Estatuto, que permite a los países del Reino regular asuntos entre sí mediante acuerdo mutuo, incluso a través de una consensus Rijkswet (ley de consenso del Reino).
Para Pieters, la palabra clave es “en consulta mutua” (in onderling overleg). El Consejo de Estado del Reino (Raad van State van het Koninkrijk) también señaló en su dictamen sobre la HOFA que las finanzas públicas son un asunto autónomo de Aruba y que la participación en una regulación basada en el artículo 38 debe darse libremente. Por eso Pieters establece el principio central: “La consulta mutua debe ser libre. No puede estar basada en un chantaje”.
“Con la espalda contra la pared, ¿qué tan libre eres?”
Pieters conecta el debate directamente con la pandemia. Aruba atravesaba una profunda crisis económica y necesitaba apoyo financiero. Según Pieters, los Países Bajos condicionaron su ayuda financiera a reformas y estructuras que posteriormente condujeron a un mayor control.
Su pregunta política es contundente: “Si un país necesita dinero urgentemente y la otra parte impone las condiciones para obtenerlo, ¿qué tan libre es realmente el consenso? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con la otra parte cuando hay condiciones impuestas sobre la mesa?”
Pieters califica la situación como una vivida bajo presión e incluso bajo “chantaje”. Esa es su interpretación política de la relación durante la crisis, pero el principio detrás de su crítica es más amplio: el consentimiento solo tiene valor si un país realmente tiene el margen para decir “no”.
El Gobierno no es el Parlamento
Para el PPA existe un segundo problema. Los gobiernos de Aruba y los Países Bajos pueden llegar a un acuerdo, pero Pieters cuestiona si el Gobierno puede, por sí mismo, concluir que Aruba ha dado su consenso cuando el acuerdo afecta la autoridad autónoma del país. “Un Gobierno por sí solo no puede concluir: tenemos consenso”.
Para Pieters, el Parlamento no puede ser invitado únicamente después de que ya se haya fijado un rumbo. El Gobierno gobierna y el Parlamento representa al pueblo y fiscaliza al Gobierno. Y más aún cuando una Rijkswet afecta el poder presupuestario y la autonomía de Aruba, la palabra del Parlamento debe tener mayor peso.
La HOFA es la prueba
La HOFA es precisamente donde este principio se pone a prueba. La propuesta establece la supervisión financiera mediante una Rijkswet y otorga un papel importante al CAft y al Consejo de Ministros del Reino (Rijksministerraad). El Consejo de Estado señaló, entre otras cosas, que la limitación de la autoridad del Gobierno y de los Estados de Aruba no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos acordados.
El PPA va más allá y mantiene su oposición político-constitucional a la HOFA. Pieters cuestionó si la estructura respeta suficientemente la autonomía de Aruba. Sin embargo, su advertencia final trasciende a la HOFA.
Finalmente, Eduard Pieters concluyó que lo que Aruba acepte hoy puede convertirse en un precedente para el mañana. Porque una ley puede llevar la palabra consenso y dos gobiernos pueden firmarla, pero para Pieters, eso por sí solo no es suficiente: “El consenso debe ser libre, democrático y contar con una participación real del Parlamento de Aruba. De lo contrario, debemos preguntarnos: ¿Consenso de quién?”.
