Es llamativo que el Gobierno continúe refiriéndose a un informe económico para respaldar su posición sobre el aumento del salario mínimo. Sin embargo, según el parlamentario Eduard Pieters (PPA), el Parlamento de Aruba aún no ha recibido este famoso documento, el cual debería permitir una evaluación independiente de la decisión. Durante una conferencia de prensa, Pieters cuestionó la falta de información y enfatizó la responsabilidad del Gobierno de rendir cuentas ante el Parlamento.
“Si hay un estudio, presenten el estudio”
Pieters mencionó un informe económico que, según sus declaraciones, el Gobierno encargó al Economisch Bureau van Amsterdam. Cuestiona por qué el documento todavía no ha sido compartido con el Parlamento, a pesar de que se le menciona en el debate público. “¿Cómo podemos evaluar un plan si no conocemos el análisis, las recomendaciones y las posibles consecuencias?” Para Pieters, una referencia general a un estudio no es suficiente para utilizarla como fundamento de una decisión económica de tal magnitud.
El Parlamento no puede ejercer control sin información
Como miembro del Parlamento, Pieters considera esencial que los representantes del pueblo tengan acceso a la documentación relevante. Sostiene que el Parlamento debe poder examinar los supuestos escenarios alternativos y los posibles efectos sobre los trabajadores y las empresas. “¡El Gobierno no puede pedir confianza mientras falta la información necesaria para fiscalizar su decisión!”
“¿Dónde está el plan de implementación?”
Pieters cuestiona también si existe un plan lo suficientemente detallado para implementar el aumento. Según Pieters, el debate debe incluir la forma de implementación, la consulta con los actores involucrados (stakeholders) y la evaluación de riesgos económicos. Para el PPA, la existencia de un informe no reemplaza la obligación del Gobierno de explicar sus decisiones.
La transparencia no es un favor para el Parlamento
Pieters enfatiza que el PPA respalda un aumento responsable del salario mínimo, pero exige que el proceso sea transparente y verificable. “No estamos pidiendo información para retrasar una decisión. Estamos pidiendo información para poder cumplir con nuestra responsabilidad como Parlamento”.
La pregunta que plantea Pieters es simple: si el Gobierno está convencido de que su decisión tiene una base económica sólida, ¿por qué el Parlamento aún no cuenta con los documentos necesarios para evaluarla también?