Durante la Reunión Pública en el Parlamento sobre la gestión de residuos, el parlamentario Endy Croes cuestionó seriamente al ministro Wendrick Cicilia sobre un contrato de 2.1 millones de florines al año que la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) otorgó a la empresa Ecotech. Según Croes, este acuerdo para el proyecto “Baki den Bario” en Barcadera se firmó sin cumplir con el proceso obligatorio de licitación pública, violando el Artículo 21 de la Landsverordening instelling ATA y las reglas de buen gobierno.
Conflicto de Interés Croes explicó que el 30 de abril de 2026, la presidenta de la Junta Directiva de la ATA, la señora Jo-Anne Arends, firmó la solicitud oficial (con número de referencia 71026010) dirigida al ministro Cicilia para aprobar la suma de Afl. 2,108,128 por la oferta de Ecotech para la zona de residuos permanentes en Barcadera.
El parlamentario aclaró que no está cuestionando la capacidad ni el profesionalismo de la señora Arends, sino la estructura de la decisión. Dado que la presidenta de la Junta Directiva de la ATA también es empleada de una empresa que pertenece al mismo grupo Meta Corp, dueño de Ecotech, Croes considera que aquí existe una situación de conflicto de interés. Durante la reunión, el ministro no dio una respuesta directa sobre este punto. Según Croes, para garantizar la máxima transparencia en el proceso, la solicitud podría haber sido firmada por el vicepresidente de la directiva.
Falta de Cumplimiento de la Ley Además del aspecto de conflicto de interés, el parlamentario Endy Croes señaló un incumplimiento de las reglas de licitación pública:
*Landsverordening instelling ATA: El Artículo 21 de esta ley estipula que las reglas de licitación que aplican al País Aruba también aplican a la ATA.
*Aanbestedingsverordening 2026: Desde el 1 de enero de 2026, entró en vigor la nueva regulación de licitaciones, la cual exige que todo proyecto que supere los Afl. 200,000 debe pasar por un procedimiento de licitación pública.
Croes remarcó que, a pesar de que el proyecto está valorado en 2.1 millones de florines al año, no se organizó una licitación pública, lo cual constituye una violación a las reglas de buen gobierno y a la propia ley de la ATA.
Preocupación por el Rol de Serlimar y las Tareas Primarias de la ATA El parlamentario lamenta que este tipo de decisiones se lleven a cabo mientras la empresa estatal de residuos, Serlimar, es excluida del proceso. Además, Croes remarcó que la gestión de residuos queda fuera de las tareas primarias (core business) de la ATA.
Para enfatizar la importancia de la integridad en la gestión gubernamental, Croes concluyó diciendo: “La transparencia, el buen gobierno y el respeto a la ley deben ser el pilar de toda decisión pública para garantizar la confianza de la comunidad.”