El reciente proceso de legalización de personas en situación irregular en Aruba, a los ojos de muchos, tenía la intención de traer una solución definitiva. Sin embargo, la realidad actual muestra un panorama completamente diferente. En lugar de un alivio, la forma en que se ha llevado este manejo ha levantado serias interrogantes y preocupación sobre el impacto en los departamentos gubernamentales, dejando una pregunta central en la comunidad: ¿Es justo que todo un pueblo de Aruba pague por una situación que el comercio, los ilegales y el mal manejo de los gobernantes han creado?
Esta situación abre un profundo debate sobre la responsabilidad civil y financiera. ¿Quién debe asumir la responsabilidad por este hecho? ¿El pueblo soberano que siempre ha cumplido con sus deberes, o las instancias y personas que han actuado al margen de la ley? ¿Por qué no se hacen responsables de sus actos?
Una de las críticas más fuertes radica en el hecho de que la decisión de legalizar a este grupo de ilegales que violaron las leyes de un PAÍS ha creado “otro problema” en el aparato gubernamental. Instancias cruciales como el departamento de Censo y AZV, y en el futuro el SVB, enfrentarán una inflación en la demanda de sus servicios.
Esta presión significa un desequilibrio en el sistema, donde las personas han venido a “pisar las leyes de Aruba”, afectando la eficiencia de los servicios que el ciudadano local debe recibir. ¿Debemos cerrar los ojos y dejar que eso pase y siga sucediendo? La falta de una planificación debida demuestra que, en lugar de una política para defender a Aruba, se decidió ponerse del lado de quienes crearon este problema —el comercio y los ilegales—. ¿Es correcto y/o justo para los ciudadanos que viven en la isla y sí cumplen con las leyes? Se optó por hacer legal a una población ilegal, y ahora esto está sobrecargando (weighing down) el sistema público.
El mayor cuestionamiento se dirige a la total falta de transparencia respecto a las sanciones o castigos que los indocumentados y el comercio que creó esta situación debieron enfrentar debido a su situación irregular anterior. Hasta este momento, no hay ninguna claridad sobre si las personas que fueron legalizadas pagaron algún tipo de castigo, multa o sanción financiera para que las leyes del Estado sean respetadas; asimismo, este dinero podría ir a los departamentos que deben seguir atendiendo el proceso de un inmigrante que quiere vivir en la isla. Si ellos no pagan, ¿quién carga con el costo, los locales?
Esta falta de cobro es vista en el ámbito periodístico y estructural como una oportunidad perdida para el gobierno. Los fondos que se podrían haber generado a través de estas sanciones podrían haberse utilizado para cubrir los gastos de personal y nuevos recursos que Censo y AZV necesitan ahora con urgencia para procesar este alto volumen de trabajo. En su lugar, esos gastos operativos recaen nuevamente sobre las espaldas de los mismos contribuyentes (taxpayers) de siempre. ¿Es algo justo? La situación se describe como un desequilibrio donde se está abriendo el camino a personas que causaron un daño al país, y hasta el momento los abusos siguen ocurriendo; ni los inmigrantes ni algunos de los comerciantes respetan las leyes del País Aruba.
Abriendo camino al “damage” sin aporte
El análisis periodístico subraya una realidad incómoda: estas personas permanecieron por largo tiempo en el país sin aportar debidamente a las arcas del gobierno. Ahora que se les ha dado la oportunidad de legalizar su situación, tampoco se les ha cobrado la sanción necesaria para “deck up” (cubrir) los gastos y la presión masiva que ellos mismos están creando en el sistema social y gubernamental. Ante este escenario, la pregunta central que le queda a Aruba es: ¿Cómo puede el país seguir cargando con este peso?
Un nuevo sistema “once and for all”
La necesidad de trabajar en un nuevo sistema que regule esta materia once and for all (una vez por todas) es urgente. La realidad actual muestra un patrón en el cual muchas personas ingresan como turistas para luego buscar trabajo de forma irregular, sin que exista un mejor manejo, un control debido o un sistema sobre la situación por parte de las autoridades competentes.
Aruba necesita un mejor manejo basado en esta realidad. El país no puede seguir permitiendo que las fallas de control y los intereses comerciales particulares debiliten las finanzas públicas y la estructura social, dejando al pueblo como el único responsable de pagar la cuenta de un daño que él mismo no causó. ¿Cuándo se respetará el derecho del País Aruba y se valorará al País como se debe?
¿Es un balance correcto que el pueblo cargue con el costo de la legalización y el mal manejo de la inmigración?
