“Los políticos de Aruba no quieren supervisión”; para el líder de la fracción del PPA, Eduard Pieters, eso es una narrativa falsa creada en torno a la discusión de la Rijkswet HOFA. El PPA no está en contra de la supervisión financiera. Al contrario, Pieters afirma que Aruba debe tener un control fuerte sobre las finanzas públicas.
Pero pone una condición fundamental: la supervisión debe estar anclada en la ley de Aruba y respetar la autoridad democrática del Parlamento de Aruba. “Creemos en la supervisión. Pero no vengan a decir que si cuestionamos la Rijkswet, no queremos supervisión”.
¿Control sí? ¡Entrega de poder, no! Pieters hace una distinción que debe permanecer central en el debate. La supervisión es necesaria para garantizar que el Gobierno maneje el dinero público correctamente, mantenga la disciplina presupuestaria y evite que las finanzas del país se salgan de control. Pero eso no justifica automáticamente cualquier forma de supervisión.
Pieters señala que Aruba puede fortalecer su propio sistema de control, por ejemplo, con una cámara presupuestaria fuerte. Su punto es que el control financiero puede y debe organizarse dentro del propio Estado de Derecho de Aruba. Para Pieters, el problema comienza cuando la supervisión pasa de controlar al Gobierno a determinar qué puede o no puede hacer Aruba. Eso ya no es solo un debate financiero; es un debate sobre la autonomía.
“Un banco no te dice qué debes comer” Pieters utilizó un ejemplo simple para explicar su preocupación. Un ciudadano que tiene una hipoteca con un cierto interés puede ir a otro banco que ofrezca un interés más bajo. Naturalmente, el nuevo banco puede establecer requisitos financieros antes de refinanciar la deuda. Pero hay un límite.
“El banco no te puede decir hoy puedes comer esto, mañana debes comer otra cosa y luego determinar qué puedes comprar”. La comparación toca exactamente la preocupación del PPA: “¿Cuánto poder entregamos, rompiendo nuestra Constitución, a cambio de una condición de financiamiento supuestamente más favorable?”.
Según Pieters, esa pregunta debe hacerse antes de que Aruba se comprometa con un sistema que puede tener consecuencias por muchos más años que el Gobierno actual.
¿Quién tiene la última palabra? Para Pieters, el punto más sensible es la posición del Parlamento. Si las decisiones esenciales de Aruba deben ser evaluadas u obtener luz verde externamente (desde los Países Bajos) antes de que el Parlamento de Aruba pueda ejercer plenamente su autoridad, la relación democrática cambia.
“Se coloca un órgano por encima del Parlamento de Aruba. Eso no existe en nuestra Constitución y no es nuestra democracia. El Parlamento YA NO podrá representar al pueblo arubeño, sino que se convierte en un ejecutor de instrucciones holandesas. Eso no es democracia parlamentaria”.
La autonomía también es responsabilidad Defender la autonomía, según Pieters, no es defender la irresponsabilidad financiera. El PPA no argumenta a favor de que el Gobierno gaste sin límite, cree deuda sin control o evite la rendición de cuentas. Al contrario: la autonomía exige responsabilidad. Pero la responsabilidad propia no es lo mismo que entregar la autoridad propia.
Pieters recuerda que Aruba ha honrado históricamente sus obligaciones financieras y “siempre ha sido un buen pagador”. Por eso rechaza cualquier imagen de que, sin una construcción externa, Aruba no pueda manejar automáticamente sus finanzas.
Para el PPA, la línea es clara: supervisión sí, disciplina financiera sí, responsabilidad sí, pero dentro de un sistema que respete la Constitución, el Estatuto, la ley y la democracia de Aruba. Y precisamente ahí Pieters hace la pregunta que va mucho más allá de la HOFA: “Si aceptamos que una instancia externa puede determinar lo que Aruba puede decidir hoy, ¿dónde exactamente pondremos el límite mañana?”.