En el debate público actual en Aruba, vemos una tendencia reciente en la que los gobernantes lanzan llamados nacionales para que el pueblo “haga a Aruba limpia”. Este mensaje, envuelto en una capa atractiva de amor por la patria y buena ciudadanía, parece inocente a primera vista. Sin embargo, al analizar la situación desde una perspectiva periodística, legal y administrativa, este llamado revela una desviación alarmante de la responsabilidad constitucional y gubernamental.
La pregunta central que cada ciudadano debe hacerse es simple pero poderosa: ¿Acaso es trabajo del pueblo mantener a Aruba limpia, cuando el ciudadano ya paga impuestos para que estos servicios se ejecuten profesionalmente?
El arubiano está pagando por un servicio que no llega o no se realiza como es debido
En un Estado de derecho, la relación entre ciudadano y gobierno se basa en un contrato social claro. El ciudadano cumple con su deber fiscal pagando impuestos, impuestos territoriales y otras cargas financieras; a cambio, el gobierno tiene la OBLIGACIÓN legal y ética de proporcionar infraestructura, seguridad, salud y servicios públicos eficientes, incluyendo el mantenimiento de la limpieza de nuestro país.
Los equipos de trabajo del Departamento de Obras Públicas (DOW) y SERLIMAR tienen las tareas operacionales asignadas para garantizar que la isla se mantenga limpia, ordenada y mantenida. Los fondos para pagar a este personal, el equipo y la ejecución del trabajo salen directamente del bolsillo del ciudadano que el gobierno administra. Ahora bien, ¿está bien administrado? ¿El gobierno se ha asegurado de que estos departamentos sean óptimos para brindar el servicio que el pueblo merece, o ha estrangulado al departamento? Si lo ha estrangulado, ¿por qué razón?
Cuando un gobierno le pide al pueblo que salga a la calle a dar una mano en la limpieza general, esto no es un acto de bondad gubernamental; esto es evidencia de una falla en la gestión. La pregunta es:
• ¿Por qué DOW y/o SERLIMAR no cuentan con los equipos y herramientas necesarios?
• ¿A dónde se va el dinero de los impuestos del ciudadano?
• ¿Acaso los equipos de trabajo de DOW no son controlados adecuadamente por los administradores para cumplir con la tarea por la cual reciben un salario?
La transferencia de responsabilidad: De obligación a caridad
Un gobierno que no cumple con sus departamentos gubernamentales, y consecuentemente no cumple con el pueblo, opta por una estrategia de “shift of blame” (desplazamiento de culpa) y manipulación emocional.
Cuando la infraestructura estatal fracasa debido a una mala gestión o negligencia presupuestaria, los gobernantes usan el carisma de la “bondad” para poner al pueblo mismo a resolver los problemas que el propio gobierno está obligado a resolver.
Cuando un ciudadano se ve obligado bajo presión social a hacer el trabajo por el que ya le paga al gobierno para que haga, está ocurriendo lo que podemos llamar un doble cobro moral y financiero: el ciudadano paga impuestos por el servicio y, después, debe invertir su propio tiempo físico y energía para la ejecución de esa tarea. Esto quita la responsabilidad del político y la coloca sobre los hombros del ciudadano común.
Conclusión periodística
El llamado nacional para “hacer a Aruba limpia” es una distracción de la verdadera enfermedad administrativa que está azotando nuestra isla. El amor por Aruba es indiscutible; cada uno de nosotros ama nuestra tierra. Pero el amor por nuestra isla no puede significar la aceptación de la negligencia gubernamental y la incompetencia administrativa.
Un país no es guiado usando al pueblo como mano de obra gratuita para tapar los huecos de una mala gestión. La solución no es que el ciudadano baje a limpiar la calle, sino que el gobierno cumpla con sus obligaciones y deberes legales, le dé a DOW y a SERLIMAR el presupuesto y las herramientas necesarias, y realice controles estrictos para que el dinero de los impuestos del pueblo trabaje para lo que está destinado. Es hora de exigir responsabilidad real, en vez de permitir que el sentimentalismo tape el mal gobierno y los privilegios para compañías privadas, siendo que el pueblo mismo tiene sus dos compañías estatales en las cuales el propio gobierno no está invirtiendo dinero.