El reciente proceso de legalización de personas en situación irregular en Aruba, en lugar de traer una solución definitiva, ha venido acompañado de una serie de nuevos retos y preocupaciones para el país.
Según declaraciones del presidente del sindicato FTA, Hose “Jomar” Figaroa, la forma en que esto se llevó a cabo plantea serias preguntas sobre el impacto en los departamentos gubernamentales y la falta de sanciones aplicadas a quienes crearon y permitieron que esta ilegalidad creciera en Aruba.
Culpabilidad compartida: Empleado y Empleador
En un análisis profundo sobre el tema, Figaroa enfatizó que no se puede culpar únicamente a una de las partes. Según el líder sindical, cuando se habla de trabajo indocumentado, hay al menos dos actores principales involucrados que deben asumir la responsabilidad.
“No se puede poner la culpa en un solo lugar. Si dices que la culpa es únicamente del migrante que vino a trabajar de forma indocumentada… okay, es verdad, él tiene muchos deseos de trabajar indocumentado, pero necesita a un empleador para poder trabajar. Ahí ya tienes al menos dos culpables”, dio a conocer Figaroa.
La preocupación principal es que, en la forma actual, el proceso parece “abrir el camino” a las personas que crearon un daño y “pisotearon las leyes de Aruba”. Estas decisiones pueden dar una solución temporal al comercio, pero a largo plazo traen problemas para el País Aruba y para el propio Pueblo, especialmente por la falta de sanciones financieras selectivas a los empleadores que fomentaron esta situación.
Tolerancia y falta de control del Gobierno
Figaroa fue más allá al señalar al propio Gobierno como un tercer actor en esta problemática. Cuestionó la falta de supervisión estructural durante largos años, lo cual permitió que la situación escalara.
“Si tú como país toleras esto por un largo período, de cinco o diez años, donde no has hecho mucho para asegurar que se cumpla la ley, no puedes venir de repente y querer castigar a todos. Hay una cierta culpabilidad en ti mismo como gobierno de tu país, al no haber asegurado un buen control sobre el mercado laboral”, agregó.
Según el presidente de la FTA, no era un secreto para nadie que había personas indocumentadas trabajando en cada esquina de la isla; esto pudo no haber sido lo correcto, pero sucedió, y el gobierno no hizo nada al respecto.
El dilema económico de Aruba
Al final, Figaroa explicó la situación perjudicial en la que se encuentra Aruba en estos momentos. Aunque la situación de ilegalidad es incorrecta, el país ha desarrollado una cierta dependencia de esta mano de obra.
Si de un día para otro se decidiera expulsar a todas las personas indocumentadas de Aruba, esto podría crear una crisis mayor para el mismo comercio local. “Entonces no tendrías gente para trabajar”, explicó Figaroa, indicando que como país, Aruba se ha beneficiado del hecho de que estas personas estuvieran allí para realizar los trabajos que eran netamente necesarios para la economía.
El desafío ahora es cómo implementar políticas estructurales y castigos para quienes no cumplen con la ley, sin desbalancear el mercado laboral y sin pasar por encima del bienestar del pueblo de Aruba.