El Gobierno AVP-FUTURO sigue cumpliendo con su compromiso de fortalecer el poder de compra de todas las familias arubianas.
A partir del 15 de agosto de 2026, el Ministro de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario, Geoffrey Wever, introducirá un sistema de supervisión estructural para cumplir con la Ley de Precios (Bestuurlijke Handhaving Prijzenverordening). Con este paso, por primera vez, la ley no solamente estipula precios máximos para los productos de la Canasta Básica, sino que también estará respaldada por un mecanismo de control y sanción para garantizar que todos los comerciantes respeten las reglas.
La supervisión será ejecutada por el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria (DEACI), el cual realizará controles regulares y también basados en denuncias para verificar si los supermercados y distribuidores mayoristas están respetando los precios máximos estipulados por el Gobierno y si todos los productos muestran su precio claramente. Con esta adaptación en la Ley de Precios, el Gobierno cuenta ahora con el instrumento legal para imponer sanciones administrativas (multas) a las empresas que no cumplan con las obligaciones legales; es decir, que vendan productos más caros que el precio máximo establecido por el Ministro de Asuntos Económicos, mejor conocido como la “Canasta Básica”. Esto marca un cambio fundamental en la forma en que el Gobierno protege al consumidor.
El Ministro Geoffrey Wever indicó que la meta principal de la medida no es castigar al comerciante, sino crear un sistema transparente y confiable donde todos puedan saber que los precios de los productos esenciales realmente se están respetando.
“La protección del consumidor no puede quedarse solamente en el papel. Si el Gobierno determina precios máximos para la Canasta Básica, tiene también la responsabilidad de asegurarse de que se cumplan. Con este sistema de supervisión cambiamos completamente la forma de trabajar: de un sistema que dependía principalmente de la buena voluntad, a un sistema basado en el control, la responsabilidad y el cumplimiento. Este es un paso importante en nuestra lucha por fortalecer el poder de compra de nuestro pueblo”, según expresó el Ministro Geoffrey Wever.
Los controladores de DEACI ejecutarán inspecciones rutinarias e inspecciones basadas en quejas. Durante los controles, verificarán si el precio no es más alto que el precio máximo estipulado por el gobierno y si todos los productos tienen indicación de precio. Cuando se constate una infracción, se podrá imponer una orden bajo multa coercitiva (last onder dwangsom) o una multa administrativa, conforme a los procedimientos legales vigentes. El enfoque es crear un sistema consistente e igualitario para todos los comerciantes, con reglas claras y una ejecución imparcial.
El Ministro Wever enfatizó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la posición del consumidor, aumentar la transparencia en el mercado y contribuir a una economía donde los beneficios del crecimiento económico también se sientan en el hogar de cada familia.
“No se puede medir una economía fuerte solamente con cifras macroeconómicas. La medida del éxito que cuenta es si una madre puede comprar su canasta básica con más seguridad, si un pensionado puede confiar en que los precios son justos, y si todos los ciudadanos saben que el Gobierno está protegiendo sus intereses. Esto es exactamente lo que logramos con esta reforma”, comentó el ministro Wever.
Con la implementación de la supervisión de la Ley de Precios, el Gobierno AVP-FUTURO da otro paso importante en su agenda para fortalecer el poder de compra, proteger al consumidor y modernizar los instrumentos que garantizan un mercado más justo y transparente para Aruba.