La ministra Gerlien Croes ha decidido no respetar el dictamen de la Comisión de Objeciones de LAR. La comisión dio la razón a la fracción del MEP y declaró la objeción válida (gegrond), ordenando a la ministra reevaluar su decisión y entregar los documentos del viaje de trabajo realizado en un jet privado. Sin embargo, la ministra prefirió ignorar a este órgano consultivo para intentar justificar su negativa a proporcionar pruebas.
Este caso gira en torno al viaje de trabajo que la ministra Croes realizó en un jet privado a Curazao el 19 de noviembre de 2025. En el momento en que se pidió claridad y prueba de los gastos y el permiso del avión, la ministra quiso ignorar totalmente la petición y decidió hacerla a un lado usando un reglamento nuevo como excusa formal.
Falta de respeto a la ley y falta de transparencia La Comisión de Objeciones de LAR concluyó claramente que el procedimiento utilizado por la ministra no era legalmente correcto y que debía reevaluar la petición. En lugar de respetar este consejo legal, la ministra simplemente se sentó sobre la decisión: declaró la objeción “ongegrond” e ignoró el dictamen de la comisión.
La ministra intenta justificar que no tiene la lista de pasajeros, contrato ni prueba del costo total del vuelo. Sigue negándose a entregar la prueba de pago, alegando que esto cae bajo su “vida personal”, a pesar de haber sido un viaje oficial de servicio.
Exigencia de responsabilidad e integridad Un ministro tiene el deber constitucional y moral de rendir cuentas al pueblo y dar total transparencia sobre el uso de recursos y los viajes oficiales realizados en su función. No es aceptable que un mandatario siga actuando con arrogancia, negándose a responder a los parlamentarios y sin dar las pruebas necesarias. Esta actitud es una violación directa de los principios de buena gobernanza, la ley de integridad y el código de conducta que todo ministro debe respetar y cumplir.
Se llama al Presidente del Parlamento a tratar este grave asunto lo antes posible en una reunión pública. Los demás representantes del pueblo no pueden permitir que un ministro ignore a los órganos consultivos, rompa las reglas de integridad y se quede sin brindar transparencia al Parlamento.
Basándose en la información dada por la ministra, se ha vuelto muy interesante saber quién pagó el resto de los gastos, cuánto pagaron y a quién. Así se pueden descartar posibles conflictos de intereses y determinar cuánto ascendía el posible “regalo” a la ministra. Por supuesto, esto no quita que la ministra sigue teniendo la obligación de responder al Parlamento: cuánto pagó, qué día y a quién.
Nuestra fracción seguirá tomando los pasos parlamentarios necesarios para garantizar que la verdad salga a la luz y que la ministra finalmente rinda cuentas.