La opinión publicada recientemente por el Consejo de Estado del Reino (Raad van Estado van het Koninkrijk) sobre la consensusrijkswet HOFA (supervisión financiera de Aruba) genera críticas fundamentales en el ámbito constitucional. Según los profesores de derecho constitucional Prof. mr. D.J. Elzinga y Prof. mr. J.L.W. Broeksteeg, esta opinión, que se esperaba con tanto interés, se queda corta y resulta decepcionante en cuanto a análisis y profundidad. El documento pasa por alto los problemas estructurales en torno a la figura de la consensusrijkswet y no aborda los puntos críticos constitucionales a fondo.
Como el elemento más problemático, los profesores destacan la autoridad por la cual el Consejo de Ministros del Reino debe dar aprobación al Gobierno de Aruba. Esta construcción, según la dogmática constitucional vigente, no encaja en el sistema y por lo tanto es jurídicamente deficiente.
Los Puntos Principales de la Crítica
• Falta de análisis y profundidad: A pesar de las altas expectativas alimentadas por las relaciones polarizadas en Aruba y el informe crítico del Consejo Consultivo de Aruba (Raad van Advies), el Consejo de Estado prácticamente no presta atención a las dimensiones estatutarias y constitucionales de la ley.
• Autoridad de aprobación deficiente: El proyecto de ley obliga al Gobierno de Aruba a someter los cambios en la ordenanza nacional (Landsverordening) para ser aprobados por el Consejo de Ministros del Reino. Los profesores señalan que las decisiones del consejo de ministros tienen un carácter interno y no deben tener un efecto externo (erga omnes) para terceros. Esto va en contra del sistema constitucional aceptado.
• Voluntariedad y “Do ut Des”: La supervisión de la HOFA proviene de los préstamos por la crisis del coronavirus, mediante los cuales Aruba obtuvo acceso a préstamos más favorables a cambio de aceptar dicha supervisión. Esta relación de poder desigual (“Goliat y el enano”) abre la puerta a una pérdida estructural de la autonomía caribeña.
• Temporalidad incierta: El argumento de que la supervisión de la HOFA es temporal no es realista. Como Aruba por sí sola no puede tomar una decisión unilateral para poner fin a la supervisión (el artículo 42 exige una solicitud al Consejo de Ministros del Reino donde los Países Bajos son dominantes), la amenaza de una limitación de la autonomía a largo plazo sigue presente.
• Déficit democrático y derecho presupuestario: Debido a que la Ley del Reino (Rijkswet) tiene prioridad sobre la Constitución de Aruba (Staatsregeling) y el papel del Consejo de Ministros del Reino se incorpora de manera inconstitucional, los autores sostienen que una decisión por mayoría ordinaria en el Parlamento de Aruba (Staten) no es suficiente; para esto se requeriría al menos una mayoría de dos tercios o una modificación previa de la constitución.
• Falta de protección judicial: El artículo 32 de la Rijkswet HOFA no ofrece suficiente protección judicial. No existe posibilidad de apelación contra una negativa del Consejo de Ministros del Reino a detener la supervisión, lo que significa una situación en la que “el zorro cuida el gallinero”.
La sólida posición financiera de Aruba plantea interrogantes
El artículo también plantea la pregunta urgente de por qué la estricta supervisión de la HOFA sigue siendo necesaria. A partir de las cifras del propio Consejo de Estado, se desprende que en marzo de 2026 la deuda de Aruba se redujo al 61% del PIB —un nivel más bajo que antes de la pandemia de COVID-19— y que el país ha logrado superávits presupuestarios estructurales en los últimos años.
La estructura existente de la LAFT (Landsverordening Aruba Financieel Toezicht) funciona adecuadamente desde 2015. Los autores concluyen que el precio que paga Aruba por la introducción de la Rijkswet HOFA, que apunta a una limitación profunda y posiblemente prolongada de su propia autonomía, contrasta claramente con la realidad financiera positiva del país en el año 2026.