El Parlamento de Aruba ha hablado unánimemente y ahora es el turno del Gobierno de actuar. Esta es la posición del parlamentario de PPA, Eduard Pieters, luego de que todas las fracciones en el Parlamento llegaran a un acuerdo para enviar una señal clara al Gobierno respecto a la situación en la Costa Norte (Noordkust) y las preocupaciones expresadas en la reciente manifestación.
Para Pieters, el asunto no se limita a los ATV o UTV. Se trata de algo más fundamental: el Gobierno debe mantenerse al margen de la ley y ejercer la responsabilidad que esta señala. “Nosotros, a través del Presidente del Parlamento, enviamos una instrucción clara al Gobierno de Aruba: debe cumplirse la ley.”
La ley tiene nombre: ROPV, AB 2021 no. 123 Pieters se refiere específicamente al Ruimtelijk Ontwikkelingsplan met Voorschriften (ROPV), establecido mediante Decreto de Estado con medidas generales del 28 de julio de 2021, AB 2021 no. 123. El ROPV entró en vigor el 1 de septiembre de 2021.
Según la interpretación que Pieters presentó durante la conferencia, este marco normativo no establece que los ATV, UTV o todos los vehículos motorizados estén automáticamente prohibidos de transitar por todas las áreas naturales. “En ninguna parte está estipulado que un ATV o UTV no pueda transitar por estos caminos.” El punto de Pieters es que el Gobierno debe organizar y regular su uso, manteniendo la protección de la naturaleza como condición central.
Regulación y protección sí. ¡Prohibición general, no! Pieters no argumenta a favor de una Costa Norte sin reglas; al contrario. Menciona las condiciones concretas que el Gobierno puede establecer: rutas determinadas, velocidad, niveles de ruido, cantidad de vehículos y áreas sensibles que deben recibir protección especial. Su argumento es: establezcan las reglas y velen por su cumplimiento. Esto es importante porque el ROPV no es un simple documento político, sino un instrumento jurídico que establece prescripciones (voorschriften) para el uso del territorio de Aruba. “Tienen que presentar las reglas”, enfatizó Pieters.
Desde 2021 el Gobierno tenía la tarea de regular esto Aquí es donde la crítica de Pieters se vuelve política. El ROPV está vigente desde 2021. Según Pieters, el gobierno anterior puso la ley en vigor, pero no terminó de establecer todas las condiciones necesarias para su ejecución. El gobierno actual tampoco ha resuelto el problema, a pesar de llevar ya dos años de gestión. Ahora, mientras la ciudadanía enfrenta bloqueos, incertidumbre y limitaciones de acceso, ambas partes se culpan mutuamente. “Aruba está cansada de la política donde MEP y AVP se pelean y se señalan con el dedo sobre quién hizo o dejó de hacer qué.”
Para Pieters, la pregunta ya no es quién estaba en el poder cuando el ROPV entró en vigor. Su pregunta es: ¿quién está dispuesto a garantizar las condiciones necesarias ahora?
La Costa Norte es más que UTVs Pieters recordó que la manifestación no estuvo relacionada únicamente con los guías turísticos. Había pescadores, familias y ciudadanos que utilizan la Costa Norte con fines recreativos.
Mencionó incluso su propia historia familiar: su abuelo era pescador. Por ello, una decisión sobre el acceso tiene consecuencias que van más allá del turismo; toca la tradición, la recreación, la pesca, el deporte, la seguridad e incluso el acceso para la policía y los servicios de emergencia.
El Parlamento ha hablado. ¿Qué hace el Gobierno ahora? Pieters no quiere que Aruba se quede simplemente esperando un proceso judicial mientras la incertidumbre continúa. Su llamado es a que el Gobierno se siente con los involucrados (stakeholders), determine rutas, establezca condiciones, proteja la naturaleza, permita el tránsito de vehículos sin motor y cree un control efectivo.
El Parlamento escuchó al pueblo y logró consenso. Desde 2021, el Gobierno cuenta con un ROPV que debía ejecutarse. Ahora, según Pieters, las excusas deben terminar. “MEP y AVP, el pueblo está cansado del juego de culpas. AVP-FUTURO debe asumir el rol de gestionar y gobernar este país. Protejan la naturaleza, respeten los derechos del pueblo y ejecuten la ley que Aruba ya tiene”, concluyó Eduard Pieters.