Tras el Tripartito en Curazao, el PPA ve avances en el tema de la ‘geschillenregeling’ (regulación de disputas): “Cuando Aruba tiene un conflicto con el Reino, no puede ser que el país más grande tenga automáticamente la última palabra.”
¿Qué sucede cuando Aruba y el Reino de los Países Bajos no están de acuerdo? ¿Quién tiene la última palabra: el derecho o la parte con más poder?
Esta pregunta fue uno de los temas importantes durante el reciente Tripartito en Curazao, donde los Parlamentos de Aruba, Curazao y San Martín se reunieron para abordar los asuntos que los tres países tienen en común y buscar vías para fortalecerse mutuamente.
Para el parlamentario Eduard Pieters (PPA), uno de los avances más significativos se dio en un expediente que lleva más de 15 años pendiente: la geschillenregeling. Un mecanismo para atender disputas dentro del Reino cuando el diálogo político no logra resolverlas.
Aruba también debe poder defender sus derechos
Un conflicto dentro del Reino puede afectar la interpretación del Estatuto, la autonomía o los límites de autoridad entre el Reino y un país. Desde 2010, el artículo 12a del Estatuto contempla una regulación (regeling) mediante Ley del Reino (Rijkswet) para abordar ciertas disputas. Sin embargo, a lo largo de los años no se logró llegar a un modelo aceptable para los países del Reino. Para Pieters, esto toca la esencia de la igualdad dentro del Reino.
Cuando Aruba, o cualquier otro país del Reino, tiene un conflicto con el Consejo de Ministros del Reino, el resultado no puede depender simplemente de la realidad de que los Países Bajos son más grandes por tener 18 ministros en dicho Consejo. La pregunta debe ser: ¿quién tiene la razón según el Estatuto?
Tres países, una posición más fuerte
Una propuesta anterior no contó con el dictamen positivo de instancias como el Consejo de Estado (Raad van State). Posteriormente, los tres países caribeños continuaron trabajando juntos en una alternativa. Para Pieters, esas son precisamente las lecciones políticas: Aruba, Curazao y San Martín son más fuertes cuando no enfrentan cada problema constitucional por separado, sino cuando comparten conocimientos y defienden juntos sus intereses comunes.
No solo los políticos han contribuido, sino que los profesionales jurídicos de los tres países participaron en el trabajo técnico, incorporando las observaciones del Consejo de Estado en el proceso. Según Pieters, durante el Tripartito en Curazao se presentó una versión final que ahora debe seguir su trayectoria democrática.
Un dictamen (oordeel) debe tener peso
La propuesta actual contempla un papel importante para el Consejo de Estado del Reino (Raad van State van het Koninkrijk) cuando no se pueda resolver una disputa por la vía política. Pero para Pieters, una regulación de disputas solo tiene sentido si el resultado realmente genera consecuencias.
No se puede crear un mecanismo para determinar quién tiene la razón para que luego la parte más poderosa simplemente ignore el dictamen. Es precisamente por eso que el debate trasciende un procedimiento jurídico: se trata del equilibrio de poder dentro del Reino.
Más de 15 años: ahora el Parlamento debe actuar
Pieters enfatiza que la geschillenregeling todavía no es una ley vigente. El proceso democrático y legislativo debe continuar y los Parlamentos deben tratar el resultado alcanzado.
Sin embargo, después de más de 15 años, según Pieters, finalmente hay perspectivas de avanzar. Y para el PPA, el Tripartito de Curazao demostró algo más: la cooperación entre los tres países caribeños puede producir resultados concretos.
La geschillenregeling no es un instrumento que Aruba quiera usar todo el tiempo; idealmente, los países resuelven sus diferencias mediante el diálogo, pues la autonomía no se pone a prueba cuando todos están de acuerdo. La verdadera prueba surge cuando Aruba dice “no” y el Consejo de Ministros del Reino dice “sí”. Y ese día, Aruba no debe depender de favores políticos ni de quién tiene más poder.
“En un Reino de cuatro países, el derecho debe pesar más que el poder. Esa es la protección que Aruba, Curazao y San Martín deben tener,” concluyó Eduard Pieters.
