La reciente visita de trabajo del Secretario de Estado de los Países Bajos a Aruba, que tuvo lugar entre el 14 y el 16 de julio de 2026, estuvo marcada por un hermetismo administrativo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia de la gestión del Gobierno de Aruba y la relación constitucional con los Países Bajos. La serie de reuniones en las que participó el mandatario holandes transcurrió sin que el Parlamento de Aruba ni el pueblo arubiano estuvieran al tanto de las objeciones, el contenido ni los resultados de dichos encuentros.
Ausencia de transparencia sobre HOFA El punto central de atención es la gestión en torno a las Finanzas Públicas Sostenibles de Aruba (HOFA). A pesar de la importancia vital de este proceso para el futuro financiero del país, no existe consenso ni claridad sobre los pasos a seguir. Se observa que se están llevando a cabo deliberaciones a puerta cerrada entre el Secretario de Estado y el Gobierno de AVP-FUTURO, con especial énfasis en el rol del Ministro de Finanzas, Geoffrey Wever.
Los críticos señalan que, al igual que la Ministra Gerlien Croes, el mandatario Geoffrey Wever demuestra una falta de rendición de cuentas, lo cual es interpretado como un desprecio por el deber constitucional de informar al órgano legislativo. La preocupación aumenta cuando el propio Secretario de Estado confirma que hay dos regulaciones en camino: la Ordenanza Nacional (Landsverordening) LWHO, que segun van der Burg debe ser aprobada en el Parlamento de Aruba, y la Ley del Reino (Rijkswet), que debe ser tratada en los Países Bajos. Sinembargo, el Parlamento de Aruba carece de información esencial para poder ejercer su función de control. El Parlamento no ha sido informado absolutamente de nada sobre las intenciones y cambios respecto al HOFA.
El impacto constitucional y el rol del Consejo de Estado Según declaraciones atribuidas al Secretario de Estado, las deliberaciones se basan en dos consejos de los Países Bajos, incluyendo el del Consejo de Estado (Raad van State). En este proceso, los consejos emitidos localmente en Aruba han quedado en un segundo plano, si no es que han sido directamente ignorados. Esta perspectiva es denunciada como una forma de “neocolonialismo administrativo”, donde los Países Bajos imponen su visión sobre un país que, constitucionalmente, debería ser un socio autónomo.
La postura de los Países Bajos, en la que los consejos Holandeses prevalecen sobre los de Aruba, sugiere que la autonomía financiera del país está bajo presión constante. El Secretario de Estado expresó que está abierto a “hacer algo mejor”, pero la crítica es que, en la práctica, las decisiones tomadas están limitando la capacidad de Aruba para dirigir su propio rumbo, forsando un retroceso en la autonomía que debería protegerse.
Responsabilidad del Parlamento Esta dinámica pone de relieve el papel de los parlamentarios de la coalición AVP-FUTURO. Se cuestiona si estos legisladores están siendo manipulados para votar a favor de medidas que van en contra de los intereses de su propio pueblo ?. La percepción pública es que el Gobierno actual prinsipalmente al lado de FUTURO está sumiendo a Aruba en un “FUTURO oscuro”, amenazando los cimientos del país de tal manera que se están reviviendo condiciones que recuerdan a los años previos a 1986.
La forma en que el Secretario de Estado abandonó Aruba el 16 de julio, sin dar ninguna declaración oficial ni respuesta a las preguntas del pueblo y del Parlamento, es considerada una falta de respeto institucional. Este silencio, acompañado por la falta de transparencia del Gobierno de Aruba, deja a la ciudadanía en un estado de incertidumbre, cuestionando si los intereses nacionales de Aruba están siendo sacrificados en negociaciones cerradas en La Haya, dado que los consejos de Aruba son ignorados y el propio gobierno de AVP-FUTURO está permitiendo estos pasos.