“Estructúrate primero a ti mismo, para que puedas dar el ejemplo al pueblo.”
El Gobierno está preparando un sistema de registro obligatorio para alquileres vacacionales (vacation rentals), con un plazo de tres meses para que los propietarios cumplan. Sin embargo, este anuncio plantea una pregunta fundamental: ¿cómo pretende el Gobierno exigir al pueblo que cumpla con un calendario administrativo, mientras su propia estructura ministerial aún no ha sido formalizada mediante un nuevo LIM vigente?
El Gobierno actual presentó una nueva propuesta de Landsverordening Instelling Ministeries (LIM) ante el Parlamento, pero la legislación no ha entrado en vigor. Esta situación suscita interrogantes sobre la necesidad de que el Gobierno ponga en orden su propia estructura institucional, especialmente ahora que introduce nuevas obligaciones para ciudadanos y empresarios.
Un plazo límite para la población puede tener su utilidad. No obstante, el Gobierno también debe dar el ejemplo a través de la transparencia, la seguridad jurídica y el cumplimiento de sus propias responsabilidades legislativas.
El registro no es automáticamente la solución
El Consejo de Ministros aprobó un plan para registrar y regular los alquileres vacacionales. Todas las propiedades existentes que se utilicen para alquiler turístico deberán registrarse, incluso aquellas que ya cuentan con un permiso.
El Gobierno contempla tres categorías de zonas —verde, amarilla y roja— y cada propiedad pasará por una evaluación individual. Sin embargo, el registro no constituye un permiso automático ni garantiza su legalización.
La interrogante es si el Gobierno está preparando una solución estructural o si simplemente administra de forma temporal un problema que exige cambios legislativos.
La ley de destino de uso (bestemming) y arrendamiento enfitéutico (erfpacht) no se puede ignorar
Una gran cantidad de casas en Aruba están construidas sobre terrenos en arrendamiento enfitéutico (erfpacht) con destino residencial (woonhuis).
Las condiciones de erfpacht y el ROPV vigente establecen un marco legal que el Gobierno debe respetar. Una directiva administrativa no puede simplemente reemplazar estas disposiciones.
El DIP debe atender las cuestiones relacionadas con las condiciones de erfpacht y el uso del suelo. Para propiedades en régimen de propiedad privada (eigendom), no existen condiciones de erfpacht, pero las exigencias de ordenamiento territorial siguen siendo aplicables.
Si el Gobierno desea modificar la posibilidad del uso comercial en zonas residenciales, debe seguir el procedimiento legal correspondiente.
Juego limpio (Fair play): ¿por qué Noord sí y Santa Cruz no?
Imagine a dos ciudadanos que recibieron terrenos en erfpacht con el mismo destino residencial (woonhuis), uno en Noord y el otro en Santa Cruz.
Si el Gobierno contempla permitir alquileres vacacionales en una zona y limitar la actividad en otra, debe explicar claramente la fundamentación legal y territorial de dicha diferencia.
El hecho de que ambas propiedades tengan el mismo destino no elimina la posibilidad de normas territoriales distintas. Sin embargo, la igualdad de trato exige que la distinción no sea arbitraria y que la decisión esté debidamente motivada.
No olvide al arubiano que paga hipoteca
Existen familias que dependen de los ingresos del alquiler vacacional para pagar su hipoteca y mantener su propiedad.
Un cambio de política puede afectar la estabilidad financiera de estas familias. Por ello, el Gobierno debe evaluar los derechos existentes, la seguridad jurídica y la necesidad de un periodo de transición proporcional.
Proteger el mercado de la vivienda es importante, pero la solución también debe tomar en cuenta al ciudadano que ya ha invertido legalmente en su propiedad.
Investigar a los inversionistas no residentes
Antes de adoptar restricciones generales, el Gobierno debe investigar cuántas propiedades han sido compradas por inversionistas no residentes exclusivamente para la explotación turística.
La investigación debe determinar el impacto real sobre la disponibilidad de vivienda, los precios de las propiedades y la cantidad de ingresos turísticos que permanecen en Aruba.
Con base en los resultados, se podrán evaluar restricciones legales proporcionales para actividades especulativas e instrumentos para estimular la participación local.
El Parlamento debe legislar
Sentarse, caminar por los barrios y pintar casas puede tener un valor simbólico, pero esto no reemplaza la responsabilidad del Gobierno y del Parlamento de abordar los problemas estructurales.
Si la legislación existente no es suficiente, el Gobierno debe preparar los cambios necesarios y el Parlamento debe cumplir con su responsabilidad de legislar y fiscalizar.
Esta exigencia no es un rechazo automático a la regulación de los alquileres vacacionales. Es una demanda para que dicha regulación esté fundamentada en la ley, sea transparente y respete los derechos de los ciudadanos.
Aruba debe pensar en sus futuras generaciones
El arubiano no necesita soluciones provisionales que solo tapen el problema por un tiempo. El país necesita seguridad jurídica, acceso a la vivienda y una visión sostenible que proteja a las generaciones venideras.
El turismo debe continuar contribuyendo a la economía nacional, pero los dividendos del turismo también deben beneficiar a nuestra comunidad y a nuestros residentes.