Parlamentario: Mike de Meza ofreció claridad sobre el proceso y la documentación que siempre estuvo disponible en el Departamento de Impuestos (DIMP). Según de Meza, DIMP siempre tuvo todos sus documentos, y él cumplió entregando toda la información necesaria.
De Meza explicó que en 2009, tras recibir instrucciones del formador y del gobernador para poner fin a su actividad comercial y tomar distancia, se tomaron los pasos debidos. Con el apoyo de un equipo de contadores, notarios y especialistas en leyes fiscales de los Países Bajos, junto con un STAK (Stichting Administratiekantoor – Fundación de Oficina de Administración), reorganizó jurídicamente sus compañías para mantenerse a distancia y evitar influencias en las decisiones de las mismas.
A pesar de esto, lamenta que hasta el día de hoy estas compañías, que están completamente inactivas y sin operaciones, sigan siendo cuestionadas. Subrayó que sigue siendo el beneficiario final (ultimate beneficiary owner – UBO) y es quien actúa ante la compañía en lo que respecta a los certificados, pero el hecho de que las empresas estén inactivas demuestra que la investigación se basa en otros motivos.
De Meza enfatizó que el problema principal se trata de un abuso de poder.
Experiencia anterior: De Meza recuerda que durante su período como miembro del parlamento y como vice primer ministro y ministro de finanzas, economía y energía (2009-2017), asumió la responsabilidad de varios de los ministerios más grandes en la historia de Aruba.
Cuestiona cómo un departamento que tiene poder puede permitir el mal uso del mismo para perseguir a una persona, y remarca que deben venir cambios a Aruba. Del mismo modo en que presentaron la denuncia, pudieron haberse acercado a su persona para preguntar.
Mike de Meza mencionó que incluso en la corte, los jueces preguntaron si había retraso en los documentos, cuyo deber era entregar y cumplir; el juez preguntó si sus documentos estaban bien, a lo que la respuesta fue sí, y si debía algo, la respuesta fue no. Sin embargo, cinco días antes, la denuncia ya había sido presentada ante el ministerio público, según Mike de Meza.
El parlamentario concluyó que esta situación es una persecución política y un abuso de poder que no puede ser tolerado en nuestro país.