Para el parlamentario Eduard Pieters del Partido Patriótico Arubano (PPA), la cuestión principal en el debate sobre la suma de 16 millones de florines de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) es la explicación clara y transparente de su destino.
Durante una entrevista en Enfoke 90, Pieters centró su crítica en los 16 millones de florines reservados en el Plan Corporativo y Presupuesto 2026 de la ATA bajo la rúbrica “Desarrollo Gubernamental”. Según el parlamentario, el Gobierno aún no ha explicado claramente al Parlamento ni al pueblo cómo se utilizará ese dinero.
“No se creó la ATA para convertirse en un banco del Gobierno”
Según Pieters, la ATA fue creada con una misión específica: fortalecer el producto turístico de Aruba. Por este motivo, cuestiona si la institución se está desviando de su propósito original al reservar millones de florines para proyectos que, tradicionalmente, son responsabilidad de diferentes ministerios. “¿Dónde está el límite?”, preguntó.
Para ilustrar su preocupación, el líder de la fracción del PPA utilizó varios ejemplos hipotéticos. Según Pieters, si se acepta la lógica actual, mañana la ATA podría terminar financiando el asfaltado de carreteras, la renovación de escuelas, el cuidado de adultos mayores u otros proyectos gubernamentales. “Todo esto es importante”, dijo, “pero nada de eso es la misión original de la ATA”.
Según Pieters, la preocupación no es solo financiera, sino institucional. “Estamos cambiando el propósito de una institución pública sin que el Parlamento haya tenido el debate correspondiente. Si este es el rumbo que Aruba quiere tomar, entonces se deben realizar cambios en las leyes existentes para que todos estén en la misma línea”.
Carta formal al Consejo de Ministros
El PPA confirmó haber enviado una carta formal al Consejo de Ministros solicitando documentación completa sobre la base legal, el proceso seguido y las decisiones que llevaron al uso del fondo de 16 millones de florines. Según Pieters, el objetivo de la solicitud no es crear una confrontación política, sino dar al Gobierno la oportunidad de demostrar que todas las decisiones se toman conforme a la ley. “No buscamos un espectáculo. Le damos al Gobierno la oportunidad de corregir la situación”.
El parlamentario enfatizó que el Parlamento tiene un deber constitucional de controlar el uso del dinero público. Para Pieters, la función de la oposición no es obstaculizar al Gobierno, sino verificar si la gestión financiera es transparente y cumple con el marco legal. Pieters advirtió que este debate no se limita a un solo contrato, ya que las decisiones tomadas hoy podrían crear un precedente para el futuro si el Parlamento no cuestiona el uso de los fondos públicos.
“Cada florín que maneja la ATA es dinero de Aruba”, concluyó. “El pueblo tiene derecho a saber a dónde va el dinero, qué financia y cómo se toman estas decisiones”. Para el PPA, la transparencia no es una opción, sino una obligación. Mientras el Gobierno no aclare el destino de los 16 millones de florines, Pieters afirma que el Parlamento tiene la responsabilidad de seguir haciendo las preguntas que el pueblo también quiere responder.