Mientras continúa la discusión en torno al cierre de rutas y la protección de la naturaleza, el parlamentario Hendrik Tevreden señala que el estancamiento actual afecta directamente a unos 800 trabajadores y sus familias que dependen del sector de excursiones turísticas.
La necesidad de regulación, diálogo y cumplimiento de la ley En la reunión con los operadores turísticos celebrada el pasado 27 de agosto, quedó claro que el reto actual va mucho más allá de un desacuerdo sobre una ruta específica. Esta situación refleja un problema más profundo: un sector que ha funcionado durante mucho tiempo sin la regulación, identificación ni control adecuados, y sin un intermediario gubernamental que asuma la responsabilidad de facilitar un diálogo estructurado entre todas las partes.
Los operadores turísticos que operan dentro del marco legal subrayan que no están en contra de la preservación de nuestra naturaleza. Al contrario, son conscientes de que los recursos naturales de Aruba deben ser protegidos. Sin embargo, enfatizan que una política de protección efectiva debe ir de la mano con la regulación, el diálogo y el cumplimiento de la ley.
Falta de control de los permisos T (T-vergunning) y la realidad de los operadores legales El sistema actual de permisos T es deficiente: sin una identificación obligatoria y visible en los vehículos, las autoridades no pueden distinguir entre un operador legal y uno ilegal, lo que provoca que las empresas que tienen sus papeles en regla paguen las consecuencias de otros.
Además, el debate público no es justo cuando se presenta a todos los operadores turísticos como si practicaran el turismo fuera de carretera (off-road) sin ningún tipo de control. Las empresas legales enfatizan que sus actividades consisten en visitas guiadas (guided sightseeing) por rutas existentes y estructuradas, utilizando GPS para garantizar el orden.
Equilibrio económico y ambiental La protección de la naturaleza no debe ser sinónimo de la eliminación de la actividad económica. El reto consiste precisamente en determinar por dónde se puede circular, por dónde no y bajo qué condiciones. Aquí es donde el papel del gobierno es crucial.
El sector cuestiona el cierre abrupto de rutas sin consulta previa con una industria que ha organizado su operación, personal y reservaciones en torno a este producto. Señalan que una de las rutas cuestionadas es un camino de tierra público (openbare zandweg) que el Departamento de Obras Públicas (DOW) mantiene periódicamente. Asimismo, la situación se vuelve más delicada debido al caso judicial iniciado por Aruba Birdlife Conservation contra el País de Aruba (Land Aruba) y los operadores turísticos.
El gobierno no puede esconderse detrás de un proceso judicial Tevreden remarca que el hecho de que haya un proceso judicial en curso no exime al gobierno de su responsabilidad de gobernar. Según la información compartida por el propio sector, llevan esperando más de tres meses por una reacción concreta. A pesar de que el ministro Wendrick Cicilia se comprometió anteriormente a coordinar una reunión de trabajo con el ministro Dowers, el ministro Herdé y el primer ministro Eman, este encuentro nunca se materializó. La única respuesta que el sector ha recibido del ministro Dowers y del Departamento de Transporte (DTP) es que el asunto está en manos de un juez.
“Este proceso judicial no puede convertirse en una excusa para la inacción ni para una parálisis política”, enfatizó Tevreden. Mientras el gobierno espera, los empresarios deben seguir cumpliendo con los salarios, los trabajadores deben pagar sus casas y las familias deben poner comida en la mesa.
Impacto económico y la necesidad de una solución Esta incertidumbre afecta seriamente la cadena económica de Aruba. Los tours en UTV, ATV y Jeep forman parte de la oferta de excursiones que adquieren miles visitantes, y la falta de una alternativa estructurada puede traer graves consecuencias para los operadores turísticos, taxistas, guías, mecánicos, proveedores y la relación con el mercado de cruceros.
La solución no es dejar la naturaleza sin protección, ni tampoco dejar que un sector opere sin reglas. La solución es la regulación.
La fracción del Movimiento Electoral di Pueblo (MEP) hace un llamado urgente al Gobierno para que asuma su rol y siente a la Dirección de la Naturaleza y el Medio Ambiente (DNM), el DTP, el DOW, las autoridades relevantes, las organizaciones ambientales y los operadores turísticos legales en una misma mesa para:
*Identificar todos los vehículos autorizados legalmente y combatir a los operadores ilegales.
*Establecer rutas oficiales y determinar las zonas de protección absoluta.
*Implementar reglas claras, sanciones efectivas y un sistema de control estricto.
Aruba puede proteger su naturaleza y al mismo tiempo proteger los puestos de trabajo. Pero para lograrlo, el gobierno debe salir del estancamiento y empezar a gobernar. Porque mientras continúe el silencio, no solo sufren las empresas en incertidumbre, sino también quienes dependen de ellas.
Son alrededor de 800 trabajadores que cada mañana se preguntan: ¿Tendré trabajo todavía mañana?