En una sesión parlamentaria reciente, miembros de la fracción del PPA cuestionaron al Ministro de Turismo y Salud Pública sobre la delegación de la gestión de residuos a empresas privadas. La controversia se centra en el contrato con la empresa “SERLIMAR”, a la que el gobierno asignó la gestión de residuos en el área de Seroe Tijshi.
Según Eduard Pieter, del PPA, la asignación de este contrato se realizó de una manera que plantea muchas preguntas, argumentando que el proceso carece de transparencia y muestra señales de conflicto de intereses. Se alega que la empresa ha recibido pagos mensuales de 6 millones de florines sin que exista un plan claro que justifique estos gastos, especialmente cuando existen alternativas y propuestas.
La fracción parlamentaria exigió respuestas claras y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes, cuestionando la falta de rigor en el proceso de liquidación y el manejo de los fondos públicos destinados a este proyecto.
La fracción del PPA lamenta que se deje morir a una empresa estatal para privilegiar a
empresas privadas con el dinero del pueblo.