Una fuerte polémica ha estallado en torno a la dirección y la junta directiva del Horacio Oduber Hospital (HOH). Mientras el máximo ejecutivo de la institución clama y exige fondos para cubrir los altos costos de los servicios médicos brindados a personas sin estatus legal, una pregunta clave resuena en la población: ¿qué ha hecho la misma gerencia para crear restricciones, obligaciones de pago o un control proactivo? ¿Es justo que quienes tienen cuentas pendientes en el hospital reciban un permiso para quedarse o trabajar en Aruba, o se les debería exigir pagar sus deudas antes de obtener dicho permiso?
Estas son políticas que se pueden implementar. ¿O acaso el gobierno AVP-FUTURO seguirá dando prioridad a los indocumentados, siendo la causa de la deuda y los gastos actuales de Aruba no de quienes cumplen, sino de quienes han infringido las leyes y normas del país?
La discusión sobre los derechos humanos es ardiente, pero muchos cuestionan que este derecho no puede ser a costa del ciudadano que cumple debidamente con sus obligaciones. Quienes trabajan duro y pagan su prima de AZV todos los meses no deberían cargar con las consecuencias financieras de una situación de ilegalidad que se ha salido de control.
Cuestionamiento directo a la Directiva:
- Falta de gestión interna: ¿Por qué el director y su Consejo de Supervisión/Prevención cerraron los ojos y dejaron crecer la deuda sin implementar un sistema estricto de cobranza o garantía de pago antes o durante la atención médica no urgente?
- Cero acción proactiva: En lugar de reportar debidamente estos casos al gobierno o establecer protocolos severos de registro y obligación financiera, el hospital permaneció pasivo hasta que la cuenta llegó a un punto insostenible.
- Injusticia para el contribuyente local: Hoy se les pide a los trabajadores de Aruba y a los asegurados de AZV que saquen las castañas del fuego para cubrir este agujero financiero que no causaron, pero confiaron en que personas serias administraran su dinero debidamente. ¿Ocurrió esto?
Quienes contribuyen mensualmente al sistema de salud pública también tienen derechos: derecho a un hospital bien financiado, con buen servicio y con una gestión responsable que no cargue el peso de las omisiones administrativas sobre la espalda del pueblo trabajador. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo el contribuyente deberá seguir pagando por la falta de visión y acción de los líderes del hospital?
Se acusa al ministro de Salud de no entregar fondos, pero es justamente el ministro quien protege al ciudadano que sí cumple, frente a una mala gestión en la que tanto el director del hospital como la Junta de Supervisión (Raad van Toezicht) y la Junta Directiva (Raad van Bestuur) no cumplieron debidamente.