El debate en torno al contrato para la gestión de residuos bajo la instrucción del Ministro Cicilia, financiado por la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA), ha seguido dominando la opinión pública. Sin embargo, según el parlamentario Eduard Pieters, líder de la fracción del Partido Patriótico de Aruba (PPA), mucha gente todavía no ve el verdadero problema.
Según Eduard, el asunto no es un debate entre el Gobierno y una empresa privada, ni tampoco una cuestión sobre contenedores o la limpieza de los barrios. El asunto principal es mucho mayor: ¿Siguió el Gobierno la ley, o eligió qué parte de la ley quería aplicar?
Durante una entrevista en Enfoke 90, Pieters afirmó que la fracción del PPA nunca se ha opuesto al objetivo de lograr un Aruba más limpio. Al contrario, según Pieters, la gestión de residuos es un reto nacional que necesita soluciones sostenibles. Pero un buen objetivo no puede servir como justificación para dejar de lado los procedimientos legalmente establecidos que protegen el dinero del pueblo.
“El fin no justifica los medios.”
Con esta frase, Pieters sintetizó todo su argumento político. Según él, este principio es la base de un Estado de Derecho. Si el Gobierno puede ignorar una ley porque el resultado final es positivo, entonces ninguna ley tendrá un valor real. Para Pieters, la pregunta que el ministro debe responder no es si Aruba necesita una mejor gestión de residuos. La pregunta es mucho más simple y mucho más seria: ¿Siguió el Gobierno la ley?
¿Siguió el Gobierno la ley?
El PPA sostuvo en el Parlamento que el Artículo 21 de la Ordenanza de Institución de la Autoridad de Turismo de Aruba (Landsverordening Instelling Aruba Tourism Authority) estipula claramente que el Ministro Cicilia y la ATA deben velar por el cumplimiento de los procedimientos de licitación pública (destaho publico) cuando se trata de contratos que superan cierto monto financiero.
Según Pieters, tras dos días de debate y varias solicitudes de documentación, el PPA aún no ha encontrado evidencia de que se haya seguido completamente el proceso obligatorio de licitación pública. Por ello, Pieters exigió por escrito al Gobierno la entrega de documentación adicional y una explicación completa.
“El debate no es contra una compañía, no es contra el director o personas en la junta directiva de la ATA. No es contra hacer que Aruba esté limpia. El debate es si el Gobierno se aseguró de seguir lo que la ley indica.”
Para Pieters, esto no es solo un asunto administrativo; es un precedente constitucional. El parlamentario advirtió que si se acepta una excepción hoy, se abrirá la puerta a muchas otras excepciones mañana. “Si aceptamos que el Gobierno puede saltarse la ley porque el objetivo es bueno, mañana se podrá usar el mismo argumento para otro contrato, otro ministerio y otro fondo público”.
La democracia pierde su valor
Según Pieters, la preocupación se vuelve aún mayor porque Aruba es un país basado en la confianza en sus instituciones. Las leyes de licitación pública no se crearon para complicar al Gobierno, sino para proteger a los contribuyentes, garantizar una competencia justa y evitar cualquier sospecha de favoritismo o conflicto de intereses.
El parlamentario indicó que, precisamente en momentos como este, el Parlamento debe mantenerse firme. “Si no hay preguntas, no hay control. Si no hay control, la transparencia se convierte en una palabra vacía”. Pieters también señaló que el PPA no acudió directamente a los tribunales ni a otras autoridades; en su lugar, prefirieron utilizar los instrumentos democráticos de los que dispone el Parlamento: convocar reuniones públicas, exigir documentación y dar al Gobierno la oportunidad de aclarar la situación.
Si el procedimiento va en contra de la ley, se debe declarar la decisión nula y responsabilizar al ministro. “No buscamos confrontación. Buscamos claridad”. Para el PPA, el verdadero peligro no es solo el contrato actual, sino la normalización de la idea de que el Gobierno puede interpretar la ley como le plazca cuando considera que el objetivo es suficientemente importante. Eso, según Pieters, cambiará fundamentalmente la forma en que funciona el Gobierno.
El parlamentario concluyó que la respuesta a esta pregunta no solo determina el futuro del contrato de la ATA, sino también el valor que Aruba seguirá dándole a su Estado de Derecho, a su democracia y al principio fundamental de que ningún Gobierno está por encima de la ley.