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La parlamentaria Xiomara Maduro cuestiona el uso de fondos de ATA para pagar a una empresa privada por procesar basura

Parlamentario Xiomara Maduro Ta Cuestiona E Uzo Di Fondo Di Ata Pa Paga Compania Priva Pa Procesa Sushi

Durante una reunión pública con el Ministro Wendrick Cicilia, la parlamentaria Xiomara Maduro cuestionó la decisión de utilizar fondos de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) para pagar a una empresa privada por el procesamiento de residuos.

Transparencia en el gasto público Según Maduro, la discusión no se centra solo en la basura, sino en cómo el Gobierno gasta el dinero de los ciudadanos. “No pedimos milagros, pedimos que cada florín se gaste con lógica, transparencia y responsabilidad”, declaró. Maduro aclaró que sus preguntas no apuntan al funcionamiento interno de Serlimar, sino a por qué ATA, una entidad dependiente del Ministerio de Turismo, paga por tareas de limpieza.

La parlamentaria recordó que Aruba cuenta con Serlimar, su empresa estatal de gestión de residuos. Actualmente, Serlimar paga a la misma empresa privada por procesar parte de sus residuos, y ahora ATA también paga a dicha empresa por el mismo trabajo. Maduro utilizó una analogía sencilla: si alguien paga a una persona por limpiar su casa y luego debe pagar a una segunda persona por hacer lo mismo, es lógico cuestionar por qué se realiza un doble pago.
Preguntas al Ministro:

¿Confirma si este contrato se paga con fondos de ATA?

¿Por qué se eligió usar fondos destinados al turismo en lugar de ampliar los servicios de Serlimar?

¿Se compararon los costos antes de firmar el contrato?

¿Cuál es la diferencia entre este proyecto y el programa “Baki den Bario”?

Confusión por falta de un nuevo LIM Maduro señaló que la falta de un nuevo Landsverordening Instelling Ministeries (LIM) genera confusión sobre las responsabilidades ministeriales, pero enfatizó que el uso de fondos de ATA recae claramente bajo el Ministerio de Turismo. La parlamentaria concluyó exigiendo datos sobre cuánto dinero público se ha pagado a empresas privadas por el procesamiento de residuos, subrayando que su cuestionamiento no es contra la empresa privada, sino una exigencia de responsabilidad en el gasto público.

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