La fracción del PPA no se limitó a hacer preguntas en el Parlamento. Ahora, el partido ha formalizado sus preocupaciones en una carta oficial dirigida al Consejo de Ministros, en la cual solicita documentación y aclaración legal sobre el contrato de 2.1 millones de florines financiado a través de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA).
Durante su conferencia semanal, el líder de la fracción, Eduard Pieters, explicó que la carta no es un ataque político ni un intento de paralizar un proyecto de recolección de residuos. “La carta es una oportunidad para que el Gobierno demuestre que el proceso se siguió conforme a la ley. Si todo está correcto, muestren los documentos”.
Según Pieters, la carta se basa en cuatro puntos legales que, según el PPA, aún no han sido aclarados durante la reunión pública en el Parlamento convocada por el propio PPA.
Cuatro puntos que el PPA quiere aclarar
El primer punto se refiere al uso del artículo 20 de la Ordenanza Nacional sobre la Institución de la Autoridad de Turismo de Aruba (Landsverordening Instelling Aruba Tourism Authority). Según Pieters, si el ministro dio una instrucción formal a la ATA para financiar el proyecto, el Parlamento tiene derecho a recibir el documento oficial que confirme dicha decisión.
*El segundo trata sobre el artículo 21, el cual, según el PPA, obliga al gobierno y a la ATA a seguir el procedimiento de licitación pública (destaho publico) para contratos de esta magnitud. Pieters afirmó que, hasta la fecha, no se ha presentado al Parlamento ninguna evidencia de un proceso completo de licitación pública.
*En tercer lugar, el PPA cuestiona si el proyecto realmente cae bajo el objetivo legal de la ATA, tal como se define en el artículo 2 de la Ordenanza Nacional. Según Pieters, la ATA fue creada para fortalecer el producto turístico de Aruba, no para asumir responsabilidades que tradicionalmente corresponden a otro ministerio o entidad pública.
*Finalmente, la carta también plantea preocupación sobre el principio de buena gobernanza (bon gobernacion), argumentando que la transparencia y la igualdad de oportunidades para diferentes empresas son elementos esenciales en la gestión de fondos públicos.
“No estamos pidiendo favores” Pieters enfatizó que el Parlamento no está solicitando ningún privilegio. “No estamos pidiendo favores. Estamos pidiendo los documentos que el Parlamento tiene el derecho constitucional de recibir”.
Según el parlamentario, la reunión pública resultó en muchas explicaciones verbales, pero no en la evidencia documental que pueda confirmar que el proceso siguió el marco legal.
El PPA quiere ver, entre otras cosas, la documentación relacionada con la licitación pública, la disposición ministerial (ministeriele beschikking) y cualquier otro acto administrativo que sirva como base para las decisiones tomadas.
El Gobierno tiene la oportunidad de corregir Contrario a lo que algunas declaraciones políticas puedan sugerir, Pieters dijo que el objetivo principal de la carta no es crear confrontación, sino permitir que el Gobierno responda formalmente y tome medidas para corregir posibles errores.
Según Pieters, si los documentos demuestran que se siguieron todos los procedimientos, la cuestión legal quedará aclarada automáticamente. Pero si no se puede presentar la base legal, el Gobierno debe explicar cómo remediará o corregirá la situación.
“Le estamos dando al Gobierno la oportunidad de enmendar cualquier error, si es que realmente se ha cometido un error”. Pieters agregó que el PPA no está en contra de un Aruba más limpio ni de la inversión en la recolección de residuos. El partido simplemente insiste en que cualquier proyecto, sin importar cuán positivo sea su objetivo, debe respetar las leyes que protegen la transparencia y la buena gobernanza. “El fin no justifica los medios”.
El PPA confirmó que analizará la respuesta oficial del Gobierno antes de determinar cuál será el siguiente paso parlamentario y legal en este caso.