El parlamentario Hendrik Tevreden hizo sonar la alarma sobre la situación de crisis que enfrenta el Instituto Correccional de Aruba (KIA), exigiendo soluciones concretas e inmediatas por parte del Gobierno.
Aunque existe un plan presentado para construir una nueva prisión en 2028, Tevreden enfatizó que la seguridad del personal y de las personas privadas de libertad es un asunto de vida o muerte hoy, y que no puede seguir posponiéndose por debates políticos o promesas a largo plazo.
¿Dónde está el plan de transición para 2026, 2027 y 2028?
El parlamentario cuestionó duramente la ausencia de un plan de transición concreto para los próximos años. Aunque el ministro Arthur Dowers presentó un plan estructural de UNOPS para una nueva prisión con un costo de 119 millones de dólares previsto para 2028, la realidad es que Aruba ya se encuentra a mediados de 2026 y aún no se ha concretado ninguna medida para detener la crisis actual.
Tevreden subrayó que una prisión para el futuro no brinda protección al personal que hoy entra de guardia: un estudio no tapa los agujeros en los muros, una visión a largo plazo no reemplaza un escáner que hace falta, y un plan para mañana no entrega hoy al equipo K9 el vehículo que necesita para realizar su trabajo.
Condiciones laborales deplorables
Las denuncias realizadas por los trabajadores del KIA sobre muros deteriorados, áreas estructuralmente débiles cubiertas con madera contrachapada (plywood), la falta de personal y la escasez de materiales deben atenderse con urgencia.
Según el parlamentario, el ministro tiene el deber de presentar soluciones inmediatas y no puede utilizar el pasado como refugio en el Parlamento. Un gobierno no es elegido para explicar lo que otros dejaron de hacer durante los últimos siete años, sino para resolver las crisis actuales.
Serios cuestionamientos sobre la buena gobernanza
La situación relacionada con el escáner de la prisión, que actualmente no está funcionando, plantea serias interrogantes sobre la buena gobernanza.
Tevreden explicó que si una “emergencia” surgió porque venció un contrato de arrendamiento (lease), no se firmó un nuevo contrato, quedaron facturas pendientes o se retrasaron decisiones, entonces se trata de una emergencia administrativa que conlleva una responsabilidad política directa.
Recordó que el Parlamento exigió al ministro entregar, en un plazo de 14 días, toda la documentación relacionada con el escáner, incluyendo:
*Las decisiones adoptadas y el análisis de riesgos.
*El contrato, las facturas y los datos del proveedor.
*Las razones de la desviación del procedimiento normal.
*El cronograma para su funcionamiento completo.
Sin embargo, hasta el día de hoy, el Parlamento no ha recibido absolutamente ninguno de estos documentos.
Acción urgente para KIA
Tevreden concluyó enfatizando que los trabajadores del KIA no están pidiendo lujos, sino condiciones laborales seguras, materiales adecuados, un equipo K9 debidamente equipado, suficiente personal y la protección necesaria mientras cumplen con su deber.
Mientras se puede trabajar paralelamente en una nueva prisión para el futuro, la responsabilidad actual del Gobierno es proteger a las personas que ingresan diariamente al KIA para cumplir con su labor. Su seguridad no puede seguir esperando otro anuncio; KIA necesita acción hoy.